La Defensoría Pública del Ecuador entregó los certificados de renovación de funcionamiento a los 65 consultorios jurídicos de universidades, gobiernos autónomos descentralizados y otras organizaciones, que funcionan en 21 provincias del país.

La renovación de la autorización anual de estos espacios se realizó luego de una evaluación, que calificó parámetros como: infraestructura, presupuesto, calidad del servicio; y vinculación académica y con la sociedad.

La entrega de certificados se hizo durante un evento semipresencial, que se desarrolló en Cuenca. Allí el defensor público general, Ángel Torres Machuca, destacó que el trabajo de defensa técnica gratuita que ofrece la institución en 190 puntos de atención, a escala nacional, se complementa con la labor de los consultorios gratuitos, "para garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas que no pueden contratar los servicios de defensa legal".

Anunció que la gestión de los consultorios gratuitos se fortalecerá con la incorporación, como parte fundamental, en el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, que aprobó la Asamblea Nacional, el 20 de abril de 2021, y cuyo texto está en manos del Ejecutivo para su pronunciamiento.

La labor con las universidades y GAD no se limita solo al trabajo de los consultorios jurídicos, sino al apoyo en la formación permanente de defensores públicos; mientras que con municipios y prefecturas, la Defensoría ha suscrito convenios para llegar con sus servicios a más usuarios.

Servicios que ofrecen

Los consultorios legales de las universidades y de los GAD atienden las materias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Civil; Laboral; Constitucional; Violencia Intrafamiliar; Inquilinato; Penal; Tierras; Movilidad Humana; Ejecución de la Pena; y, Administrativo. A estos servicios pueden acceder las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no tienen recursos para contratar servicios de abogados.

Estos espacios están ubicados en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua.

Pichincha, con 14 consultorios jurídicos gratuitos, es la provincia que cuenta con más oferta, a escala nacional, seguida de Guayas con 9 y Tungurahua con 5.

La Defensoría Pública determina las directrices, acredita y evalúa estos despachos, que son la vinculación directa con la sociedad y con la formación académica de los estudiantes universitarios de los últimos semestres de la carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas, que realizan sus prácticas preprofesionales.