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De las urnas a la práctica

Trámite. La Asamblea creará una comisión especial. Desde la oposición se señala que los cambios ya están en los anexos.

Quito /
05 feb 2018 / 00:01

Los electores cumplieron con su parte. Que los efectos de la consulta popular y referéndum de ayer comiencen a hacerse palpables depende, desde hoy, de dos instancias: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional.

Del primero, porque recién una vez que dé a conocer oficialmente los resultados, las reformas a la Constitución y las leyes podrán empezar a ser aplicadas o viabilizadas desde el Legislativo.

El organismo electoral tiene hasta 10 días (14 de febrero) para llevar a cabo la proclamación de resultados, pero su presidenta, Nubia Villacís, adelantó que les podría tomar tres o cuatro días. O sea, hasta finales de esta semana.

En la Asamblea, sin embargo, no están dispuestos a esperar el pronunciamiento del CNE para empezar a actuar. Ahí, la creación de una comisión especial ocasional podría quedar definida hoy mismo.

El presidente de la Asamblea, José Serrano, dijo ayer que convocó a una reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) este lunes, para aprobar su conformación.

Mañana, en cambio, se reunirá con los jefes de todos los bloques en la Asamblea para consensuar los nombres de los nueve legisladores que estarían al frente de esta comisión que contará con no más de 30 días para volver operativa la nueva normativa.

Al respecto, hay diversos puntos de vista. El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Fernando Torres cree que la conformación de esta comisión no es imprescindible. ¿Por qué? “En los anexos de la mayoría de preguntas están las reformas directas a varias leyes. Se publican en el Registro Oficial las reformas a la Constitución y la ley y entran en vigencia”, le dijo Torres a EXPRESO.

Esto no es compartido por el oficialista Daniel Mendoza que considera que, salvo una pregunta, aquella sobre la explotación petrolera en el Yasuní, todas las demás deberían ser analizadas por los legisladores.

Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, comparte la visión de Torres, pero también la de Mendoza. Ella estima que en la pregunta tres (sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana) y en la seis (que elimina la Ley de Plusvalía) debe de haber acciones legislativas.

El asambleísta socialcristiano considera, sin embargo, que sobre esta última ley no hace falta una comisión especial, porque puede ser tratada en la Comisión de lo Económico.

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