El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó ayer una denuncia en la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de peculado en la compra de respiradores durante la emergencia sanitaria.

El documento fue ingresado por la presidenta del organismo Sofía Almeida y el consejero David Rosero, quienes piden que se inicie una investigación a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) responsables de este proceso, a una persona identificada como Isidoro M. que figura como el proveedor de los insumos y a una cooperativa de ahorro y crédito domiciliada en la provincia de Cotopaxi.

Según Almeida, el contrato por un valor de 9,9 millones de dólares fue entregado al contratista que usó como respaldo de liquidez a la entidad financiera la que, sin embargo, no tendría las garantías suficientes para hacer frente al millonario monto total del contrato.

Durante la investigación, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria informó al CPCCS que la cooperativa podía emitir garantías máximas por 42 mil dólares. Pese a aquello, el MSP entregó un anticipo de $ 4,5 millones, de acuerdo a los denunciantes.

El secretario de Transparencia del Consejo de Participación, Enver Aguirre, explicó ayer que el proceso de contratación inició en mayo, en plena pandemia por el coronavirus, y que debía ser concluido en agosto pasado.

“No se ha cumplido con la totalidad del contrato, por ende, se configura un presunto delito de peculado en términos de haber favorecido a este ciudadano. A una persona común para acceder a un crédito de diez mil dólares se le exige una cantidad de requisitos, pero acá se entregó un contrato millonario con documentos que posiblemente pudieron ser falsos”, señaló.

EXPRESO buscó una reacción del Ministerio de Salud Pública ante esta denuncia. Desde el área de comunicación de esta cartera de Estado se informó que “en cuanto haya una respuesta, será inmediatamente comunicada”.

Sin embargo, se pudo conocer que en cuanto el Consejo de Participación Ciudadana empezó a pedir información sobre este proceso, el Ministerio de Salud dio por terminado unilateralmente este contrato al presumir que se pudieron dar irregularidades.

“Las acciones que toman las autoridades de salud son extemporáneas porque el beneficio para la contratación ya se determinó cuando se suscribió el contrato y cuando se entregó el anticipo. Al no valorar bien la documentación se configura el peculado, independientemente de la terminación unilateral del contrato”, señaló Aguirre.

El CPCCS también buscó a los representantes y directivos de la cooperativa, pero aseguran que la entidad permaneció cerrada durante toda la pandemia por lo que no se pudo contar con su versión.

Una decena de denuncias más

Esta no es la primera denuncia que presenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

El consejero David Rosero dio a conocer ayer que hasta el momento desde esta entidad se han presentado al menos nueve denuncias más.

“Hemos dejado anteriormente en la Fiscalía denuncias por posibles sobreprecios en hospitales como el de Los Ceibos y Guasmo en Guayaquil. También, en la compra de las bolsas para cadáveres y de medicinas e insumos médicos”, señaló.

Varias de estas denuncias se encuentran en investigación previa, otras han servido para impulsar allanamientos en varias ciudades del país tanto de Fiscalía como de Policía.

El CPCCS pidió a la Fiscalía celeridad en las investigaciones para detectar a tiempos a los responsables de posibles actos irregulares.