La comisión ciudadana que elegirá al próximo titular de la Contraloría General del Estado es sitiada por manos que integran la función pública. El grupo ciudadano que escogerá al próximo contralor(a), como lo dicta la norma, estará integrado por 10 miembros: uno por cada una de las cinco funciones del Estado y otros cinco ciudadanos.

Este último grupo es el llamado a ser el contrapeso de los intereses del poder en la selección de la próxima autoridad, pero qué pasa cuando la mayoría de los postulantes ciudadanos tiene un vínculo con la función pública. EXPRESO investigó a los 98 aspirantes admitidos para ocupar esos cinco puestos en la comisión dentro de la cuota ciudadana y encontró que 43 son actualmente funcionarios públicos, 34 fueron y 21 no son ni han sido funcionarios públicos.

Vale precisar que trabajar en el sector público no es impedimento para integrar la comisión ciudadana, según el reglamento actual, pero no deja de ser un “problema de fondo”, a criterio de Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Recuerda que dentro del proceso de evaluación que realizó el ente encabezado por Julio César Trujillo se encontró que los comisionados ciudadanos “no son del todo ciudadanos imparciales”. “Por el contrario son personas que tienen una inclinación por determinado candidato o candidata que se anticipa a la presentación de ese postulante, por eso es que muchos de esos ciudadanos no son totalmente independientes”.

De los postulantes admitidos, varios trabajan en universidades públicas, otro grupo labora en gobernaciones, ministerios, en la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, entre otras instituciones públicas.

Si bien ser servidor público no resta derechos políticos y de participación, para el analista político César Luis Barthelotti, en este contexto, a ojos de la colectividad, puede darse la impresión de que hay un intento de intromisión en la elección de una autoridad. “Es probablemente una forma de inmiscuirse. En un país como este donde no se entiende que hay separación de poderes, puede ser una forma de intromisión”.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, reconoce que son problemas dentro de la reglamentación que se modificó “deliberadamente por parte de la administración anterior” lo que, a su criterio, “generó vacíos legales y que fortalezca la parte de asegurarse que subordinados de diferentes instituciones no vayan a cumplir eficientemente su función”. “Sí es importante cualquier alerta de medios de comunicación y la ciudadanía sobre cualquier actividad que puede generar dudas respecto a a la transparencia del proceso. Tomaremos muy en cuenta la que EXPRESO menciona y solicitaremos al equipo técnico ponga atención a la nota de prensa”.

A criterio de Seraquive, el meollo está en el reglamento. Por más modificaciones que se hayan realizado, acota, los diferentes Consejos, desde la culminación de gestión del transitorio, no han reformulado el fondo por lo que las manos políticas siguen inmiscuyéndose en los procesos de selección.

El jurista considera que la cuota ciudadana de las comisiones debería estar integrada en su mayoría por académicos para, al menos en algo, teñir de independencia los concursos. Es decir, que las universidades postulen a profesores expertos en el ámbito de acción de la autoridad a la que van a seleccionar, de ese banco se seleccione a tres, y los otros dos sean ciudadanos imparciales.

Barthelotti coincide con Seraquive. “Lo que debería existir son reglamentos claros hechos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o por la entidad que exista en su reemplazo. Que lo que hagan sea determinar los requisitos específicos y que las comisiones de selección sean grupos con personas destacadas en cada una de las áreas”.