Desde el 2021, el sistema penitenciario del país ha registrado diez masacres que suman 403 muertes, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Esa es la institución que tiene a cargo la administración de las cárceles y centros de adolescentes infractores, creada por el entonces presidente Lenín Moreno, cuyo gobierno enfrentó las primeras riñas mortales en centros de privación de libertad. Aún está presente en la memoria de muchos las imágenes de varios reos pateando la cabeza del líder de Los Cubanos, aliados de Los Lagartos, bandas eclipsadas en 2019 por Los Choneros, ahora fraccionados y en una cruenta guerra.

Los problemas se han desbordado en el mandato de Guillermo Lasso, con nueve masacres que acumulan 324 internos muertos, según cifras oficiales.

En los 18 meses de su presidencia, el SNAI ha impulsado 51 procesos contractuales de entre 10 mil y 22 millones de dólares, de régimen común y especial, para solventar las necesidades de agua tratada para las cárceles, donde es escaso el líquido por tuberías; el servicio de comida, que lo ha concentrado una empresa por varios años; la recarga de extintores; la compra de candados, detectores de metales, escáneres, esposas, toletes, radios, entre otros artículos.

Veinte de esos procesos están en la fase de ejecución de contrato, han sido adjudicados o han finalizado, con presupuestos que suman unos $ 6 millones. Otros seis aún están en las fases precontractuales. Los demás procesos se truncaron: veinte desiertos, cuatro cancelados y uno finalizado por mutuo acuerdo, según un análisis de EXPRESO a los registros disponibles de la contratación del SNAI, hasta el jueves pasado.

Entre estos últimos 25 procesos constan los intentos de compra de 6.300 candados que hacían falta en las cárceles al 15 de junio de 2021, cuyo presupuesto ascendía a 266 mil dólares. Un mes después, a seis días de que se registren 27 muertes en cárceles de Guayaquil y Latacunga, el SNAI elevaba el concurso al portal de Compras Públicas, pero no prosperó. Ciertos detalles de las especificaciones técnicas de la compra cambiaron dos días antes de que los archivos estuvieran disponibles, aunque eso no representaba modificaciones al objeto de la contratación, justificó la Dirección de Operativos, Logística y Equipamiento.

Sin embargo, las “intermitencias” que experimentaría la plataforma digital del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) el 3 de agosto del año pasado habría frustrado el concurso, según la versión oficial.

En un segundo intento, el SNAI trató de adquirir esos dispositivos que “brindan a las personas privadas de libertad las seguridades necesarias para salvaguardar tanto la vida como los bienes de cada persona”. El 26 de octubre del 2021 se elevó el proceso al portal de Compras Públicas. Veintiún días después se resolvió declararlo desierto porque los servidores públicos que conformaron la comisión técnica del concurso actuaron sin estar “certificados como operadores del Sistema de Contratación Pública”.

Esto provocaría más retrasos. En otro frente, al parecer, se estaba fraguando una nueva matanza, la más grande de la historia de las cárceles del país. El 29 de septiembre la Penitenciaría del Litoral volvió a teñirse de sangre: 119 personas fueron asesinadas. Dos meses después, el 12 y 13 de noviembre, otros 68 internos perdieron la vida por heridas de bala, cuchillo y golpes. Se volvieron a viralizar las imágenes de los cuerpos mutilados.

La compra de los candados se logró encaminar el 5 de enero de este año, cuando se adjudicó la compra, y el 18 de enero se firmó el contrato. En los documentos disponibles solo hay dos actas parciales de recepción, cuyas cifras de candados entregados a un bodeguero del SNAI suman 2.327 al 9 de agosto pasado.

Hasta esa fecha, otras 76 muertes se sumaban al conteo de internos caídos en una suerte de guerra sin fin.

“Queremos que el Gobierno frene esto que se está viviendo. No se está dando la importancia que se debe a la seguridad. Mi muchacho no está por un crimen”, dice Humberto, el tío de un joven que cumple una condena de más de diez años en el pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral, quien pide que se combata el contrabando de armas de fuego, cuchillos, machetes y drogas.

Como parte de la planificación de seguridad, el SNAI también buscó la contratación del servicio de recarga de 1.317 extintores de los 49 centros carcelarios del país y otro tipo de edificaciones a cargo de la institución, “para que estén operativos y se pueda controlar el riesgo de incendios”. En este caso, no se presentaron ofertas. Tampoco se halló un proceso contractual de reemplazo con el mismo objeto, según los registros disponibles.

Entre las contrataciones figura el proceso de adquisición de equipos tecnológicos de control y detección de objetos prohibidos, como arcos detectores de metales y escáneres de vehículos, que se inició el 18 de octubre pasado, pero que fue cancelado el 25 de octubre porque “la descripción del producto no correspondía al objeto de contratación”.

El 7 de noviembre se elevó un nuevo concurso con el mismo objeto, que actualmente está en la etapa de preguntas y respuestas, para la adquisición de 5 escáneres de carros, 44 rayos X de maletas y 46 arcos detectores de metales. Un proceso similar, de $ 7 millones, identificó este Diario bajo una figura contractual excepcional, cuando Lasso declaró el estado de emergencia en las cárceles, en julio del 2021. Esa emergencia y los cuatro cambios en la dirección del SNAI no han frenado del todo las muertes en las cárceles. En octubre y noviembre se han registrado 34 eventos de ese tipo.

También ha experimentado inconvenientes la contratación del servicio de alimentación, que ha estado en manos de un solo proveedor por varios años y que ahora se intenta dividir en tres partes, en ese mismo número de zonas definidas.

Los tres procesos, que se iniciaron el 2 de junio pasado y cuyos presupuestos suman $ 56 millones, fueron declarados desiertos porque no se presentaron ofertas. Algo curioso, ante las decenas de preguntas que hicieron interesados en la fase de consultas. Las inconsistencias en documentos también se evidencian en un segundo intento por contratar la alimentación de la división administrativa 1, que se abrió el 15 de septiembre, por un error en el número de años de experiencia que debía acreditar el oferente.

Hasta la mañana de ayer, esos tres procesos estaban en la fase de calificación de participantes, según los registros.

Los inconvenientes en los procesos precontractuales son comunes en las instituciones públicas, refiere Alexandra Sierra, abogada especializada en contratación pública y perito de la Función Judicial, pero eso no quiere decir que se justifiquen los errores: “El mayor problema está en el área requirente. Las personas que crean la documentación no tienen conocimiento de contratación pública. Estas personas tienen que tener un certificado, pero eso tampoco avala que exista el conocimiento”.

Esa falta de experticia también se refleja en la escasa participación de ofertas de concursantes, que quizás preguntan en la fase de consultas, pero desisten de entregar una propuesta.

“Para levantar un proceso de contratación, dentro de la fase preparatoria se necesita un estudio de lo que voy a contratar. Y como lo que buscan es rapidez, esos estudios no son muy pormenorizados y al final del día quienes ofertan no cumplen los requisitos, ya que se piden requisitos que no existen en el mercado. Por eso deciden no ofertar. También pasa cuando el precio no es el mejor”, indica Sierra, como ejemplo de lo que podría estar sucediendo.

La cantidad de procesos fallidos se debe considerar también como una alerta ante potenciales injerencias ajenas a la institución contratante, advierte un exdirector del SNAI que pide la reserva de su nombre: “Por un lado, al crimen organizado le funciona que determinadas contrataciones no se den. Por otro lado, les facilita a empresas que tal vez no alcanzaron a vender su producto y le pongo trabas, le pongo denuncias, o posibles relaciones con mandos medios, con políticos”.

Carolina Andrade, analista en temas de seguridad e inteligencia, señala que la falta de prolijidad en la contratación de seguridad beneficia al crimen organizado, tanto a quienes están afuera como dentro de las cárceles. “Porque son ellos los que ocupan ese vacío de control y son ellos quienes gestionan los privilegios de ingresos. Qué se ingresa y qué no. Se gestionan los privilegios de alimentación, de agua. Ellos terminan ingresando armamento, drogas. Se fomenta la extorsión y amenazas, y tenemos masacres, por ejemplo”, analiza Andrade.

Los especialistas recomiendan al Gobierno poner la lupa en las contrataciones y los alcances de esas compras de bienes y adquisiciones de servicios. Por ejemplo, si es que se están usando los recursos y en qué rubros.

Director DEL SNAI: “todo esto sorprende”

Guillermo Rodríguez, coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, es el quinto director del SNAI en el gobierno de Guillermo Lasso. El funcionario, posesionado en octubre pasado, dice a Diario EXPRESO que están contratando escáneres para personas y que se truncó una adquisición de escáneres de carga y de detectores de metales. “Si hay funcionarios o empleados del SNAI que tienen que ver o que buscan favorecer o direccionar las (compras), que entre la Fiscalía. No vamos a permitir esa corrupción”, indica Rodríguez, quien añade que están buscando que los procedimientos de contratación tengan más agilidad.

Ese proceso se truncó porque una empresa presentó un documento falso. “Luego, en la fase de preguntas hubo una falla en una especificación (del proceso contractual). Todo esto sorprende, sin saber hasta dónde va la gente, si es por mala fe o tienen sus intereses”, comenta el funcionario del SNAI.