El Comité de Ética de la Asamblea Nacional calificó las pruebas de cargo y de descargo en el proceso de sustanciación de la denuncia que presentó Johanna Ortiz en contra de su colega Guadalupe Llori, quien fue destituida meses atrás por incumplimiento de funciones.

Ortiz presentó la denuncia el 30 de agosto pasado para que ese comité investigue un presunto caso de diezmos. En el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece que las y los asambleístas no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Eso incluye la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones, gratificaciones o aportes no debidos por parte del equipo de trabajo a su cargo.

“Entre las pruebas calificadas por la parte denunciante, el Comité de Ética solicitará la certificación de los vehículos y conductores asignados a Guadalupe Llori mientras ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, copias certificadas de la bitácora de ingreso vehicular al ‘búnker’ de la Presidencia de la Asamblea, distributivo del personal legislativo de mayo de 2021 a mayo de 2022 y videos de las cámaras de seguridad del parqueadero del Palacio Legislativo”, informó la Asamblea.

Como parte de este proceso de investigación, “se receptarán las versiones del legislador Augusto Guamán, tres exfuncionarios y una funcionaria de la Legislatura”.

El Comité de Ética del Legislativo está integrado por Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática), Marjorie Chávez (Partido Social Cristiano), José Chimbo (Pachakutik), Luisa González (UNES) y Freddy Rojas (CREO).

Mientras que las pruebas calificadas de la parte denunciada incluyen la “certificación de Secretaría General de los procesos y denuncias en contra de Guadalupe Llori, certificación del nombramiento como presidenta de la Asamblea y el período de funciones, listado de los funcionarios que conformaron su equipo de trabajo, certificado de la Coordinación de Talento Humano que informe si los funcionarios involucrados fueron parte de su equipo de trabajo, y recepción de versiones de cinco funcionarias”.

La asambleísta Johanna Ortiz aseveró que todos “los documentos presentados fueron legalmente solicitados y sustentados”. Y añadió que con las pruebas presentadas se evidenciaría que Guadalupe Llori habría utilizado un vehículo rentado y financiado por exfuncionarios mientras era la presidenta de la Asamblea.

Julio César Sarango, abogado de Llori, sostuvo que las acusaciones no tienen fundamento ni motivación.