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Comisión legislativa pide juicio político contra el exministro Patricio Carrillo

El organismo analizó la actuación policial en las marchas por el Día de la Mujer del 8 de marzo de 2022, en las que se denunció represión policial

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Foto referencial. La comisión legislativa analizó las denuncias de represión y uso excesivo de la fuerza en las marchas por el Día de la Mujer de 2022Archivo AFP

La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe de fiscalización de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2022, en las marchas realizadas en Quito, Guayaquil y Cuenca en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en las que se denunció represión contra las manifestantes.

Entre otros aspectos, según informó la Asamblea, el documento recomienda el juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones, inobservancia de los estándares interamericanos de protección de derechos humanos y jurisprudencia de la Corte Constitucional, por evidenciarse que existió uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

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Además, se precisa que el incumplimiento de funciones se evidencia por la ausencia de una exhaustiva investigación y falta de sanciones a los servidores policiales que ejecutaron acciones en contra de la integridad física de las mujeres durante las marchas.

En el informe también se conmina al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a que adopte acciones para proteger a los manifestantes, mediante canales de diálogo y el monitoreo y supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad, a fin de que tomen las medidas positivas orientadas a asegurar el derecho a la protesta.

También recomienda al Gobierno Nacional que elabore y aplique políticas públicas eficientes, tendientes a garantizar el funcionamiento libre de organizaciones y asociaciones, sin ningún tipo de discriminación, restricciones ni amenazas.

Entre otros aspectos, concluye que se evidenció que las condiciones de represión que rodearon a las marchas del 8 de marzo de 2022 generaron una violación a los derechos y especialmente la ausencia del cumplimiento de las obligaciones del Estado, que debe garantizar la participación segura en las movilizaciones.