Los desacuerdos políticos mantienen paralizada por seis meses a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. El organismo legislativo no sesiona desde mayo, porque una mayoría no está de acuerdo con la designación de Héctor Yépez (CREO) como presidente y de Vilma Andrade (BIN) como vicepresidenta de la Mesa.

Estas discrepancias mantienen paralizada a la Comisión que no logra sesionar por la falta de quorum. Los asambleístas, además, exigen la renuncia de Yépez y Andrade y que se nombren nuevas autoridades. Los dos legisladores fueron nombrados por el pleno de la Asamblea.

La renuncia fue solicitada públicamente por el asambleísta socialcristiano Javier Cadena, a nombre de la mayoría, quienes también enviaron una carta al titular de la Legislatura, César Litardo, solicitando el cambio de autoridades. En la misiva, los asambleístas aseguran que “no se sienten representados” por Yépez y Andrade.

La Carta fue enviada en julio de 2019 firmada por seis de los diez integrantes de la Mesa. Sin embargo, Litardo ha hecho caso omiso.

Por su parte, Yépez, se ha defendido argumentado que a él lo nombró el pleno de la Asamblea, la cual está por encima de seis voluntades en la Comisión, y que por tanto no renunciará y que seguirá al frente del organismo legislativo.

Estas posiciones han paralizado el trabajo en la Mesa, en donde por reiteradas ocasiones no sesionan y se dejan de tratar varios temas. En estas semanas los comisionados tenían previsto avocar conocimiento del proyecto de reformas la Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para el fortalecimiento de las juntas parroquiales; analizar y resolver sobre el informe para primer debate de varios proyectos de ley; analizar sobre los recursos económicos pendientes de transferencia por parte del Gobierno Nacional a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Justamente sobre este último tema, en la Comisión está paralizado un proyecto de ley por el cual se plantea que los GADs retendrán los recursos que por impuesto al valor agregado (IVA) les corresponde y evitar que este dinero primero vaya al Estado y luego sea devuelto. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) es partidario de la reforma, considerando que por la falta de devolución del IVA a las provincias el Gobierno adeudaba más de cien millones de dólares, lo que se repercute por el incumplimiento de obras en las diferentes provincias.