Expertos en fiscalización de recursos públicos y de contratación pública refieren que las instituciones de control deben revisar los hallazgos de la investigación de Diario EXPRESO sobre los seis contratos que recibieron empresas relacionadas con Juan Carlos Vásconez, asesor de campaña a inicios del 2019 y actual esposo de la alcaldesa Cynthia Viteri, por parte de tres instituciones bajo administraciones socialcristianas y afines al Municipio de Guayaquil, en 2019 y 2020.

El Cabildo porteño adjudicó tres contratos; el Municipio de Samborondón, dos; y, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 1, por un monto total de $ 873 mil.

"Los indicios señalados en las últimas horas en el reportaje hecho por EXPRESO exigen que las autoridades de control, de manera inmediata, asuman las acciones indispensables para verificar estos entramados irregulares que pueden llevar a la constatación de una conducta que no es correcta", comenta Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo ciudadano con núcleos en las principales ciudades del país.

Rodas refiere que las instituciones de control, en los diferentes ámbitos, deben operar de oficio.

"La Contraloría, la Superintendencia de Compañías tienen que intervenir. Es necesario que se transparente la situación de las cosas por el bien de la ciudad de Guayaquil, por el bien de aquellas personas que están siendo mencionadas en el reportaje. En el país hay que poner orden frente a lo que comúnmente se llama viveza criolla", recomienda Rodas, quien insiste en que las autoridades e instituciones deben de estar pendientes de la realidad nacional, ante este tipo de revelaciones.

"Las autoridades de control no deberían esperar a que les insistan, que les reclamen por qué no lo hacen. Deben actuar de manera inmediata cuando hay opiniones públicas, que mediante reportajes demuestran que los comportamientos no son los más adecuados de autoridades en ejercicio del cargo".

Rodas comenta que cuando surgen este tipo de temas, la comisión los analiza de forma orgánica y emite un exhorto a las instituciones.

Los conocimientos del publicista Juan Carlos Vásconez impulsaron abiertamente un proyecto político de derecha, con la campaña de Viteri a la Alcaldía, tras varios años de haber ofrecido sus servicios de comunicación al Gobierno de Rafael Correa, a través de contratos que ganaron empresas que él administraba, de su propiedad o de sus socios más cercanos, por un monto total de 1,9 millones de dólares, según los reportes de prensa de la época y una revisión al portal de Compras Públicas, entre 2013 y 2016. Una de esas firmas es Ximah, que está inactiva y que fue acusada de participar en campañas digitales de desprestigio a figuras políticas contrarias al correísmo.

Este último antecedente preocupa al titular de la Comisión Nacional Anticorrupción debido al riesgo de que los recursos públicos que se destinaron a los contratos recientes se hayan diluido en otras tareas.

"La investigación que se haga tiene que ser no solo del último año, sino que se tiene que hacer una investigación cruzada, adecuada, respecto de, al menos, los últimos siete años, para sentar precedentes. Los ciudadanos de Guayaquil merecen respeto", opina.

Sobre el vínculo previo entre Vásconez y Viteri, de asesor campaña y candidata a la Alcaldía, a inicios de enero del 2019, Alexandra Sierra, abogada especializada en Contratación Pública y perito de la Función Judicial, refiere de forma general que ese tipo de relaciones, más allá de si no hay un grado de consanguinidad o de afinidad que inhabilitara al contratista como lo establece la Ley, genera un riesgo de conflicto de intereses.

“En ese momento no existía una relación o parentesco, por decirlo así, pues no se sabe desde cuándo tenían una relación. Sin embargo, podría entenderse que había cierto tipo de comunicación entre las partes que podría darse como información privilegiada, como trato privilegiado, no necesariamente de la autoridad, pero sí de los funcionarios a cargo de las contrataciones”, menciona la especialista.

Sierra también enfoca su análisis sobre la aparente violación del principio de concurrencia, que conlleva la trasparencia a los procedimientos de contratación pública, garantizando la calidad y precio ideal en las contrataciones.

"Si bien estas entidades son independientes tienen un tema en común, las autoridades (que administran) pertenecen a un partido político, tal vez las autoridades están relacionadas entre ellas. Sería tal vez una afectación al principio de concurrencia", explica la especialista.

Por otro lado, la perito observa el riesgo latente que existe de favorecer a un determinado oferente en un proceso de contratación cuando se lo hace a través de la modalidad de régimen especial, que faculta a la autoridad a realizar invitaciones directas. 

"Lo importante es que se haga un concurso, ya que puede haber una precalificación o que ya está destinado el contrato para cierta empresa o persona en específico", apunta.

Los especialistas consideran que la legislación debe de ajustarse para cubrir los vacíos o imprecisiones que puedan generar riesgos en la transparencia de las contrataciones públicas. A su vez, ellos insisten en que las autoridades de control deben estar vigilantes ante indicios o denuncias públicas.