La audiencia de juicio del informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange y quien está acusado de presunto acceso ilegal a sistemas informáticos en Ecuador, se instaló este miércoles.

"Después de casi tres años, de más de cien violaciones a los derechos de Ola, y con el apoyo de más de cien organizaciones a nivel nacional e internacional, incluidas las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (...), al fin tenemos la oportunidad de comparecer ante un tribunal", dijo Carlos Soria, abogado del sueco.

En declaraciones antes de ingresar a las instalaciones de la Corte, el letrado aseguró que nunca pretendieron "ninguna otra cosa que no sea justicia".

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) pidió en octubre pasado posponer la diligencia, que se retomó hoy en el Complejo Judicial Norte en la capital ecuatoriana, Quito.

Para Soria, las dilaciones del proceso han sido "innecesarias" pero hoy se mostró confiado del accionar de los jueces que, en su opinión, "tendrán que ratificar la inocencia" de Bini que "lo único que ha hecho es trabajar en el país".

Bini fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021) pusiera fin al asilo en su embajada en Londres de Julian Assange.

"Nunca lo hemos negado (una relación de amistad entre Bini y Assange) si eso es un delito la Fiscalía está loca", subrayó el abogado.

El sueco enfrenta una investigación desde 2019 por además presuntamente haber intentado acceder a información de las plataformas de la petrolera estatal, Petroecuador y la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia.

En el momento de su detención María Paula Romo, a la sazón ministra del Interior y luego de Gobierno, lo acusó de participar en actividades que pretendían desestabilizar al entonces Gobierno de Lenín Moreno e indicó que presentaría una denuncia y las respectivas pruebas.

Soria apuntó este miércoles que Romo "jamás presentó la denuncia ni las pruebas" ante las autoridades haciendo que "todas las cosas que dijeron políticamente se caigan".

El sueco estuvo detenido por 70 días de manera preventiva y fue liberado aunque hasta el momento recae sobre él la prohibición de salida del país, el congelamiento de cuentas bancarias y la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía