“Cuando llegamos, las puertas estaban cerradas”, cuenta una exempleada de ATU Artículos de Acero, que prefirió no ser identificada en este reportaje. Ese día, el 24 de enero de este año, según la extrabajadora del área comercial, dejó de operar la empresa que se dedicó durante casi 80 años a la fabricación de mobiliario para el hogar y la oficina.

Ahora, más de 400 exempleados esperan que les paguen sus liquidaciones y sueldos atrasados, según Christian Salinas, representante de los trabajadores de la empresa.

El pasado 14 de marzo de 2019, ATU fue declarada en disolución por la Superintendencia de Compañías. En la resolución del ente de control se señalan algunas causales, como falta de pagos al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde octubre del año pasado.

Además, el documento señala que no ha sido posible contactarse con los accionistas y administradores de la compañía, “situación que ha impedido las funciones de control” de la Superintendencia para revisar los libros sociales y contables. La quiebra de ATU plantea varias interrogantes a extrabajadores, acreedores e, incluso, al mercado de valores nacional. Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías nombró como liquidador de ATU a Esteban Anker Rothschild, el último representante legal de la misma compañía, pese a que en la misma resolución se señala que los ejecutivos de la empresa no pudieron ser contactados para las revisiones de los libros contables. Él posee el 50,68 % de las acciones de ATU.

En entrevista vía telefónica con EXPRESO, el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, quien asumió el cargo el 28 de marzo de 2019, aseguró que la nueva reforma a la Ley de Compañías da la posibilidad de que el representante legal de la empresa en disolución sea designado como liquidador de la misma.

“Es válida la preocupación en ese sentido. Si ponemos a una persona distinta, los acreedores o las personas terceras que se sientan perjudicadas, iniciarán acciones judiciales en contra de esa persona que se está poniendo como nuevo representante legal. Por tanto, el que ocasionó precisamente la irregularidad, o quien debía justificar su actuación, quedaría siendo un tercero extraño en esos procesos judiciales”, dice Anchundia.

El mercado bursátil local también se hace preguntas. ATU buscó recursos en la bolsa de valores entre 2017 y 2018, a través de la emisión de obligaciones: una especie de préstamo a largo plazo al que las empresas recurren para buscar liquidez con el dinero de personas que buscan invertir.

Actualmente, según Eduardo Aguirre Mena, representante de los obligacionistas (las personas que invirtieron en obligaciones de la empresa) la deuda con ese grupo de personas es de 3 millones de dólares.

La última transacción en el mercado bursátil de ATU se efectuó en septiembre de 2018, días antes del colapso de la empresa. Desde ese entonces comienza el aterrizaje forzoso.

A partir de octubre de 2018 la empresa deja de pagar sus obligaciones y hay una renuncia en estampida de los miembros del directorio.

Desde ese mismo mes, según la excolaboradora de ATU que entrevistó este Diario, la empresa dejó de pagar sueldos a sus empleados. “Nadie nos daba una razón específica”, asegura.

Las preguntas que se hacen los actores del mercado de valores son: ¿Por qué la empresa logró realizar una transacción en la bolsa si no gozaba de buena salud financiera? ¿Faltó control de las autoridades? ¿Faltó transparencia de la empresa? Según Anchundia, los estados financieros de la compañía fueron presentados y el representante legal emitió su declaración juramentada sobre la veracidad de las cifras y “ahí está la labor y la responsabilidad de la calificadora de riesgos”, la firma Class International Rating. Anchundia añade que la calificadora era la llamada a verificar los estados de cuenta de la compañía y que la Superintendencia se encarga de un control posterior.

La Superintendencia canceló la última emisión de obligaciones de ATU días antes de que termine 2018. En el documento que determina esa situación se asegura que los estados financieros de la firma con corte de septiembre de 2018 reflejan “disminución de liquidez” en la compañía, cambios importantes en la cartera de clientes y su consecuente afectación en la generación de flujos, ocasionando que las obligaciones con terceros puedan ser comprometidas.

Mena Aguirre impugnó la resolución de cancelación, pues considera que afecta a los derechos de los inversionistas al no poder movilizar o negociar sus valores. El 19 de diciembre del año pasado, la Dirección Nacional de Trabajo, según documento de la Superintendencia, aprobó un paro patronal. El representante de los obligacionistas dice que eso es contrario a la Ley y que la Dirección Nacional de Trabajo no tiene esa potestad.