Pablo Celi: “Estamos realizando un examen al Consejo Nacional Electoral”

En una entrevista con EXPRESO, el contralor subrogante habló sobre los actos de corrupción expuestos en los últimos dos años.

Quito /
20 may 2019 / 00:16

Por sus manos pasan todas las irregularidades detectadas en la administración pública. Pablo Celi es el contralor del Estado subrogante y, tras la ‘bendición’ del Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, estará en el cargo hasta 2022. Él conversó con EXPRESO sobre la corrupción destapada en los últimos dos años.

- Las cuentas de Alianza PAIS están en medio de una denuncia. ¿La Contraloría es parte de las acciones de control?

- La Contraloría tiene dos acciones en marcha. La primera se refiere a la responsabilidad específica del control de los recursos públicos entregados a las instituciones políticas. Es decir, el fondo partidario de Alianza PAIS. Nosotros desarrollamos un examen a ese fondo. Dicho examen está muy avanzado, pero como resultado de las denuncias públicas hemos ampliado el alcance no solamente al fondo partidario sino también a los gastos de promoción electoral. También evaluamos al Consejo Nacional Electoral (CNE).

- ¿Qué se examina en el CNE?

- Estamos realizando un examen porque es la entidad encargada de controlar los ingresos de las agrupaciones políticas. Este segundo examen va a tener un periodo de análisis del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018. Se está analizando el proceso de juzgamiento que realizó el CNE al fondo partidario de Alianza PAIS, incluidos los fondos privados provenientes de sus afiliados, simpatizantes y adherentes. Así como otros valores acreditados a las cuentas de la organización política.

- ¿Se revisará el manejo de las otras organizaciones políticas?

- Es sobre Alianza PAIS, lo que no obsta para que ampliemos o realicemos exámenes adicionales a todas las organizaciones políticas.

- ¿Las ‘ligerezas’ del CNE pudieron aplicarse a PAIS y a otras organizaciones?

- Nuestra obligación es ejercer un control que no es ni a personas ni a los sujetos jurídicos colectivos. Es a los procesos. Las responsabilidades de las personas son consecuencias de los exámenes y no motivaciones de los mismos.

- ¿La Contraloría tiene exámenes por la situación del IESS?

- Hay algunos exámenes que son emblemáticos. Uno de esos es el conjunto de exámenes que integran la acción de control en el Seguro Social. Fueron 47 auditorías que abarcan cuatro grandes campos: estudios actuariales; infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos; administradoras de fondos y talento humano. De los 47 están aprobados 24 y en marcha hay 23. Hay responsabilidades superiores a los 88 millones de dólares en el plano civil. Hay nueve informes con indicios de responsabilidad penal.

- Ahí se estableció la deuda del Estado con el IESS pero todavía no hay pagos.

- En este momento estamos haciendo un seguimiento al cumplimiento. Los exámenes no concluyen con las recomendaciones y sanciones. El incumplimiento, si llega a comprobarse, conlleva las inevitables sanciones en el campo civil e incluso penal.

- En el IESS también se identificaron aportes irregulares a Alianza PAIS.

- Nuestra observación pone en evidencia que el número de trabajadores en el IESS se incrementó en 17.743 y de esos, solo 13.000 contaron con la aprobación del Consejo Directivo. Ahí se incluye una seria observación sobre la remuneración y pago de valores a personal que no trabaja en la institución y el incumplimiento de requisitos legales para ser funcionarios de la entidad. También se detectó el descuento en nómina mensual, sin autorización de los servidores, de recursos transferidos a la organización política.

- ¿El trabajo de la Fiscalía lo deja insatisfecho?

- Tenemos un convenio marco para el trabajo conjunto de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, las cortes de Justicia, la UAFE y la Secretaría Anticorrupción. Dentro de ese documento se establece la conformación de una Unidad conjunta para el seguimiento de los indicios de responsabilidad penal. En ese departamento habrá funcionarios de la Fiscalía y la Contraloría. Los procedimientos y pedidos de ambas entidades se tramitarán con funcionarios técnicos.

- ¿Cuándo está lista la unidad?

- Las dos instituciones ya hemos empezado las reuniones de trabajo así que estamos ya constituyendo la unidad.

- ¿Preocupa que algunas destituciones no se acaten?

- Dentro de las capacidades de la Contraloría está la sanción administrativa de la destitución. Lamentablemente, la Contraloría debilitó esa capacidad en la última década. Eso se ha retomado pero el proceso de la destitución, y es aquí donde puede haber una confusión, tiene un debido proceso. Una vez que se determina la destitución se debe dar un cumplimiento obligatorio de la autoridad nominadora. Puede existir, como de hecho pasó por el insuficiente desarrollo de la norma expresa, interpretaciones equívocas que dilataron el cumplimiento.

- ¿Esa debilidad legal también interfiere en otros actos de la Contraloría General?

- Nosotros estamos aportando al Diálogo Nacional, además del proyecto de Tribunal de Cuentas, un conjunto de reformas legales que son indispensables. Una es recuperar el control previo, desarrollar el control concurrente, que es el acompañamiento preventivo y estratégico. También se necesita la auditoría forense.

- ¿Se está recuperando la institucionalidad de la Contraloría?

- Pasamos por un periodo donde las instituciones públicas actuaron en un ambiente jurídicamente relajado. La Contraloría fue afectada y se le retiraron capacidades. Fue un debilitamiento institucional.

- ¿Cómo valora la decisión del Consejo de Participación sobre su permanencia en el cargo?

- El mandato tiene dos aspectos. En primer lugar confirma en derecho los principios legales desde los cuales vengo ejerciendo. El segundo aspecto es afianzar el proceso de transformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas. Ese cambio estará listo antes de que se termine mi periodo.

El contexto

El Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional afianzaron la permanencia en el cargo de Pablo Celi. Para él, lo dictaminado por los organismos cumple con las leyes y permite recuperar la institucionalidad de las entidades públicas.

Perfil

Pablo Celi

Es el contralor general del Estado subrogante desde 2017, tras la salida del ahora prófugo Carlos Pólit del cargo. Antes fue subcontralor y ha estado vinculado al organismo de control en varios sectores. Fue asesor general y también ha colaborado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Fue parte del Consejo de Defensa Sudamericano.

Frases

“[En destituciones] el insuficiente desarrollo de la norma permite interpretaciones equívocas”.

“Hay reformas indispensables. Hay que recuperar el control previo, concurrente y la auditoría forense”.

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