El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no descarta la posibilidad de reunirse, en el corto plazo, para tomar la decisión de enviar al Instituto Geográfico Militar (IGM) los datos de los candidatos que están calificados en firme para los comicios generales y que empiece la impresión de papeletas, aunque la situación de Justicia Social todavía no ha sido resuelta.

Esta posibilidad surgió durante el Cuarto Consejo Consultivo que se desarrolló ayer con las organizaciones políticas con ámbito nacional que, en su mayoría, llegaron con una exigencia clara: que los consejeros electorales se comprometan a que las fechas previstas para las elecciones no van a sufrir variaciones.

Los dirigentes políticos se mostraron preocupados de que a una semana del inicio de la campaña electoral oficial no haya una papeleta presidencial definitiva, lo que, dicen, genera inseguridad jurídica y política, además de desconfianza entre la población.

El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, pidió a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que precise el tiempo de retraso que lleva la impresión de las papeletas y las medidas que tomará el organismo electoral para garantizar que el sufragio se lleve a cabo sin dilaciones.

La funcionaria recordó que se aspiraba a que el 15 de diciembre se envíen los primeros nombres al IGM para que empiece con el proceso de impresión, y que la fecha tope (que generalmente se deja para las provincias cercanas por motivos de logística) es el 7 de enero; pero hasta el momento no se ha enviado ni un solo dato ni siquiera para la elaboración de las papeletas de asambleístas o parlamentarios andinos.

“Si el pleno del CNE toma la decisión, dentro de sus competencias privativas, para proceder a enviar a impresión las papeletas, todavía estaríamos a tiempo. Si la decisión es inmediata tenemos el tiempo, esa es mi opinión, y la decisión la tendremos que tomar como pleno para cumplir con las fechas previstas”, señaló Atamaint.

Pero algunos partidos y movimientos políticos no querían que la promesa de mantener las fechas de los comicios quede en palabras. Por ello, pidieron que se elabore una resolución escrita en la que se hable sobre la inamovilidad del cronograma electoral y de que las autoridades, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), harán lo posible por superar sus discrepancias, dentro del marco de la Constitución y lo que establece el Código de la Democracia.

Sin embargo, a la hora de suscribir el documento, de las 11 organizaciones políticas que estuvieron en el arranque del Consejo Consultivo, apenas quedaron ocho, con lo que se perdió el cuórum.

El delegado de la alianza Honestidad (Partido Socialista Ecuatoriano - Concertación), Alfredo Carrasco, informó que antes de apoyar la resolución debía hacerla conocer a los directivos de la coalición. Unidad Popular, CREO, Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática sí se adhirieron al escrito, que para entonces pasó de una resolución a ser un comunicado.

El Protocolo recibe crítica

Este encuentro también sirvió para que el CNE socialice con los partidos políticos el protocolo de bioseguridad para las campañas electorales.

Alfredo Serrano, directivo del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó es límite impuesto por el CNE sobre el número de vehículos para las caravanas motorizadas y dijo que en ciudades como Guayaquil será difícil cumplirlo.