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El abogado Patricio Cadena asegura que no hay una pugna de poderes entre el CNE y el Contencioso Electoral.Henry Lapo / EXPRESO

El CNE se adelanta y denuncia en la Fiscalía General a los jueces electorales

Consideran que los magistrados han cometido prevaricato y obstaculización del proceso electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresó este 17 de diciembre de 2020 una denuncia en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a los que acusan de haber cometido prevaricato.

El documento fue entregado por el abogado Patricio Cadena, que se presentó como patrocinador de Enrique Pita y Luis Verdesoto, quien además anunció que en el escrito se incluyó un pedido de investigación por el delito de obstrucción del proceso electoral de febrero de 2021.

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Esto se habría configurado con la disposición legal emitida por el TCE para que los consejeros electorales cumplan con la reparación integral para el movimiento Justicia Social. “Eso provocaría que infrinjan la ley, lo que les generaría a los integrantes del CNE sanciones penales en su contra y eso no puede ocurrir”, dijo el jurista.

El abogado descartó que esta se trate de una pugna de poderes o un ‘contrataque’ del CNE ante el anuncio del presidente del TCE, Arturo Cabrera, de que se podrían analizar acciones electorales o incluso penales en contra de los consejeros.

“Este es un acto autónomo, porque no podemos estar por encima de la ley, no se puede forzar a ningún ciudadano a violar la normativa vigente. El calendario electoral es una serie de actos concatenados que van fluyendo para que el paso siguiente se vaya abriendo. Es decir, en este momento no podemos retornar a la primera fase porque, además de absurdo, es ilegal”, considera Cadena.

El martes pasado, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, confirmó que ha recibido denuncias tanto en contra de candidatos, así como de miembros de la Función Electoral.

La fiscal Diana Salazar remitió una consulta a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a finales de noviembre, sobre si es procedente iniciar una investigación previa en contra de los miembros del CNE por hechos que “recaen en el ejercicio de sus funciones y en medio de un proceso electoral”.