Las ‘clínicas’ ilegales se multiplican

Hay al menos 100 centros clandestinos que tratan la adicción a las drogas en Guayaquil. Solo hay seis centros con licencia vigente. Los costos para obtenerla son altos.

13 ene 2019 / 00:00

Para el Estado, combatir la adicción es como arar en el mar. El año pasado se registraron 73.468 atenciones por consumo problemático de drogas en los centros de salud del país, más de seis mil de ellos en Guayas. Esta enorme cifra se enfrenta a una realidad poco alentadora; treinta y siete centros de rehabilitación con licencia en regla, y solo seis de ellos en la provincia. En total, menos de 300 camas oficiales para miles de adultos y adolescentes que se han enganchado a los estupefacientes.

La situación ha impulsado el surgimiento de más de un centenar de centros de rehabilitación ilegales que funcionan sin la aprobación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

Uno de ellos era el centro ‘Por una vida nueva’, que se incendió el pasado viernes, dejando a 18 internos fallecidos y 15 heridos. Sin embargo, no era la primera vez que el sitio estaba en la mira de las autoridades, un año antes, su permiso de funcionamiento no había sido renovado y estaba impedida de continuar trabajando.

Pese a ello, el centro no apareció en el radar de las autoridades hasta el fatídico día de la tragedia. Tampoco era la primera vez. Sucedió el año pasado en la Isla Trinitaria, cuando un joven de 28 años murió asfixiado por el humo en una entidad clandestina. En 2017, dos chicos resultaron heridos intentando escapar de las llamas dentro de un inmueble de Cisne 2. En 2016, ocho personas con síntomas de asfixia fueron rescatadas por los vecinos en Lizardo García y Colón; todos hechos que evidencian que, a pesar de campañas, supuestos controles y revisiones, la atención clandestina de adictos es un negocio en auge en el Puerto Principal.

Para los propietarios de las pocas clínicas legales, el surgimiento de estos centros se debe al costo de cumplir con las exigencias de la licencia de Acess, que requiere, en promedio, una inversión de $ 18.000.

Esta cifra debe cubrir la adecuación de consultorios, habitaciones, una farmacia, e incluso la construcción de un gimnasio. También contempla la contratación de al menos seis profesionales médicos. Esta inversión hace que el monto para ingresar a un paciente sea de entre $ 700 a $ 1.000 mensuales, una cifra inalcanzable para familias de escasos recursos. Los centros ilegales, en cambio, que no cumplen ni con la mitad de estas normativas, cobran entre $ 100 y $ 150.

Jenny Díaz, presidenta de los centros de rehabilitación del Guayas, indicó a EXPRESO previamente que concuerdan con la necesidad de controles y licencias para el funcionamiento de los espacios, pero que para reducir la proliferación de los sitios clandestinos, es necesario que el Gobierno ayude a financiar la atención para reducir costos y poder expandirse para abarcar más pacientes. “Sería mejor que el Estado una fuerzas con nosotros”, señaló.

A inicios de año, Maritza Báez, delegada de la Acess en la zona 8, indicó que estos requisitos garantizaban “la seguridad del paciente”, y añadió que frente a los elevados costos las familias también podían considerar los centros públicos. En Guayaquil hay dos, con capacidad para 473 personas. Normalmente están llenos, por lo que optan por ofrecer tratamiento ambulatorio.

En agosto del año pasado, Luis Guerrero, analista zonal de salud mental, explicó a este diario que esa decisión no se tomó debido a los limitantes de espacio en los centros públicos, sino a que “del 100 % de usuarios, el 95 % requiere de tratamiento ambulatorio básico o intensivo que incluye ayuda psicológica y psiquiátrica, y solo el 5 % necesita ser internado... muchas veces la preocupación de los padres los lleva a pensar que todos deben internarse, cuando no es así”.

Según Acess, hasta diciembre del año pasado tenían 37 procesos sancionatorios contra las clínicas clandestinas que habían detectado, 17 de ellas en Guayaquil. Entre ellas estaba ‘Por una vida nueva’. Del proceso legal se conocen pocos detalles.

No obstante, horas después del siniestro, se detuvo a Orlin Burnhan, propietario del centro. Este fue localizado por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) a pocas cuadras del lugar. Horas más tarde, otro hombre, el supuesto coordinador de la clínica, fue aprehendido en el Guasmo Sur por las autoridades.

Curiosamente, estas detenciones llevaron a la Policía a otro centro clandestino en las calles 27 y la K. Este, propiedad del hermano de Burnhan, también funcionaba de manera irregular y sin los permisos pertinentes. Además del director del centro, otras cuatro personas fueron detenidas.

La habitación ‘curativa’ de la que no pudieron escapar

Las ‘clínicas’ ilegales se multiplican

César Merino estaba hacinado en la ‘lagartera’. A ese cuarto, de casi 50 metros, que no contaba con ventanas y cuya única vía de salida era una puerta cerrada con candado por fuera, se confinaban los adictos que estaban en el proceso de abstinencia. A su lado, probablemente, algún compañero sufría de dolor de huesos y otro no cesaba de ir al baño como síntoma por haber dejado de consumir.

Precisamente en esa habitación, ubicada en la parte posterior de la planta baja y que Merino compartía con otros 16 recluidos, fue donde el fuego comenzó. Allí, “el calor era insoportable y había solo un aire acondicionado que a veces prendían”, le contaba Merino a Marcelina Cavero, su madre.

Ya no quería regresar. Tenía un año recuperándose, pero su madre insistía en que se mantenga en el seguimiento. Aceptó. Lo hacía por Ohana, su niña de seis meses y la que le quería celebrar su primer año limpio de drogas. No pasó, Merino es uno de los 18 fallecidos del incendio de la clínica de rehabilitación clandestina, ubicada en las calles 26 y la I, Suburbio de la ciudad.

Según José Sarmiento, cuyo patio compartía pared con la lagartera, los gritos eran una constante del lugar. Por eso, lo único que lo alertó del incendio fue el humo. Abrió las puertas de su casa para que los vecinos ingresen a ayudar y con un combo perforó la pared. A la par, Daysi, su esposa, escuchaba los gritos de los jóvenes pidiendo ayuda. No eran amigos o familiares, pero recordar el lamento la quiebra.

Mientras ellos rompían paredes y Merino, junto a sus compañeros, buscaba refugio alrededor de la ducha, Leandro Acuña, otro de los internos, intentaba salvarlos. El joven en proceso de recuperación tenía como tarea limpiar la oficina principal del centro. Según un oficial de policía, cuando el fuego comenzó, el encargado de las llaves abrió unas puertas, pero no se atrevió a ingresar hasta la lagartera.

Con temor, pero decidido a intentar salvarlos, Acuña tomó las llaves y fue hasta la habitación que, según el perito del Consejo de la Judicatura Heriberto Moreira, llegó a tener una temperatura que bordeaba los 800 grados. Pero, cada vez que intentaba entrar la llave en el candado, el fuego lo repelía. Por ello mojaba sus brazos y se lanzaba nuevamente a intentarlo. Se quemó ambas extremidades pero abrió la puerta por la que varios internos huyeron del incendio.

Alinton Charcopa fue uno de los que logró sobrevivir. Tiene solo 20 años y tres meses en el centro, pero ya se le había delegado hacer trabajos de soldadura en el techo del lugar. Sabía que había un incendio, por los gritos de los vecinos, pero no se dio cuenta que eran sus compañeros los que perecían. “Bajé desesperado a ayudarlos. La puerta estaba con candado y se perdieron las llaves. De la desesperación no pude ayudar. Yo lloraba mientras ellos se quemaban”, reseña.

En cambio, en los velorios, a más del dolor de la pérdida otro no invitado se había colado entre los familiares de los fallecidos: la culpa. “Por haberlo encerrado, soy la culpable”, se repetía con insistencia Marcelina Cavero, la madre de César Merino. En otro velatorio, una hermana de uno de los fallecidos, quien prefirió no identificarse, se lamentaba. “Yo le conté a mi mami que se drogaba. Yo fui la que le dije que lo interne y ahora está muerto”, se responsabilizaba, mientras sollozaba, sentada junto al ataúd.

Peritos de la Policía y del Consejo de la Judicatura también llegaron a inspeccionar. Afirmaron que el incendio se originó en la lagartera, pero aún no determinan qué motivó el flagelo. A su vez, explicaron que en la casa se estaba construyendo un tercer piso con distribución similar a las dos plantas inferiores. Es decir, se pretendía que cada piso tenga una lagartera propia con solo “una puerta, una ducha, sin ventanas ni salidas de emergencia”, explicó el perito Cristian Rengifo.

Por su parte, Moreira destacó que aunque en principio se responsabiliza la muerte de los jóvenes a asfixia, estos fallecieron por quemaduras en las vías respiratorias. Una tragedia que desvela lo peligroso de ‘lagarteras’ en centros a los que padres encierran a sus hijos, con la esperanza de liberarlos de la droga.

Autoridades se solidarizaron con las víctimas del flagelo

Las ‘clínicas’ ilegales se multiplican

La pena y la indignación marcaron las respuestas de las autoridades a la tragedia acontecida en el centro de rehabilitación de Guayaquil.

El presidente Lenín Moreno manifestó, a través de su cuenta de Twitter, su pesar e indicó que el hecho no quedará impune. “Mi abrazo fraterno y entrañable solidaridad con los familiares de las víctimas del fatídico incendio en Guayaquil. Los responsables ya fueron detenidos. No permitiremos que quede en la impunidad la muerte de inocentes. ¡El Gobierno está con ustedes!”, escribió.

A él se sumó el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, que afirmó que se hará una revisión a los controles que se realizan contra el surgimiento de los centros clandestinos. “Mi pésame a las familias de los 18 compatriotas fallecidos en Guayaquil. Investigaremos las causas de este incendio que nos enluta y revisaremos las normas para la operación de los centros de rehabilitación”.

El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, expresó su pesar con las familias de las víctimas y manifestó que “no puede ser que existan clínicas clandestinas o no, formales o informales, que no tengan verificado, por parte de las autoridades competentes, formas de evacuación, vías de evacuación, los temas de los extintores”.

Ayer de mañana, el Municipio de Guayaquil envió un comunicado solicitando a las familias de los fallecidos que se comunicaran con la institución para poder acceder a las bóvedas de los cementerios municipales de Pascuales y Ángel María Callas, este último ubicado en el Suburbio, la zona del doloroso flagelo.

Asimismo, la Fundación Ecuatoriana de Quemaduras y Clínica de Heridas ofreció atención psicológica gratuita a los familiares de las víctimas.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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