La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) leyó, este 12 de diciembre de 2019, el informe del seguimiento especial que hizo a la investigación por la muerte de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrados y asesinados en la frontera norte.

Entre sus conclusiones el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue creado por la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión, establece que hubo una aparente descoordinación entre los mandos militares que resguardaban la zona, lo que habría hecho más vulnerable la presencia en el sector de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

También, que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano para reforzar la seguridad de la zona fueron insuficientes, pese a que días antes del plagio y posterior asesinato se habían registrado atentados que dejaron víctimas en las filas militares.

El ESE hace un llamado para que, tanto las autoridades de Colombia como las de Ecuador, cumplan con su ofrecimiento de desclasificar toda la información que lleve a esclarecer la verdad de lo sucedido con los comunicadores que cayeron en manos del grupo delictivo Oliver Sinisterra.

El relator para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, calificó al acto como un crimen transnacional en el que ninguno de los dos países tomó las medidas necesarias para hacer frente a los grupos residuales que dejó la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Lanza considera que tanto las fiscalías de Ecuador como de Colombia han hecho un buen trabajo de investigación pero disperso, sin relacionar los hechos previos y posteriores dentro de un contexto más amplio.

“Hay información recogida por Ecuador que no ha sido analizada por Colombia y otra recogida por Colombia a la que no accedieron las autoridades ecuatorianas”, dijo por lo que sugirió que se haga una investigación nueva, pero conjunta.

La Comisión Interamericana espera que se establezcan algunos parámetros de reparación integral a las familiares de los tres comunicadores que se han visto afectadas por esta situación.

La CIDH considera que se debería conformar una comisión de expertos independientes que revise y sistematice la información que poseen las dos fiscalías, por separado.

También, que el Estado Ecuatoriano establezca un Comité Institucional para la Protección de Periodistas, con periodistas, entre otros actores sociales para delinear estrategias y políticas que les permitan desarrollar su trabajo en un ambiente seguro.

En abril pasado, las autoridades gubernamentales anunciaron la creación de un organismo con las características sugeridas por la CIDH, pero ocho meses después se desconoce que acciones a implementado, hasta el momento, esta instancia.

Juan Pablo Albán, abogado de los familiares de Javier, Paúl y Efraín, anunció que para ellos la emisión del informe no es el fin, sino el comienzo de la búsqueda de la verdad. “Si bien la principal intervención fue de grupos delictivos, también hubo groseras omisiones de diferentes instancias del Estado”, señaló.

Los allegados exigen que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) se reúna y disponga la desclasificación de la información que posee, tal como anunció en su momento el presidente, Lenín Moreno, sin que, según ellos, eso se haya cumplido.