Tras la primera intervención que hizo la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), en casos derivados de presunta corrupción durante la pandemia, el fiscal de Administración Pública, César Suárez Pilay, ha abierto investigaciones que implican a gerentes, exfuncionarios, jefes de compras, entre otros empleados públicos y privados, implicados en presuntos actos de corrupción.

- ¿Estos casos llegaron a su conocimiento por denuncias públicas o por otras alertas?

- Han llegado de diferentes formas, sean estas por informes de indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado o por denuncias presentadas por directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), específicamente los que están del Teodoro Maldonado Carbo, que esta Fiscalía tiene activada dos procesos en instrucción fiscal.

- ¿En estos casos a quienes se investiga?

- El primero de ello tiene relación a un contrato que se suscribió entre director administrativo de 938.000 dólares, en el cual la Contraloría y el perito designado por la Fiscalía determinan un sobreprecio por los $ 302.692. En este proceso están procesadas siete personas; entre ellas, seis funcionarios y exfuncionarios de esa casa de salud, el proveedor (extranjero)... a quien la Sala Penal de la Corte le cambió la medida cautelar luego de la presentación de partidas de nacimiento por hijos, lo que la Fiscalía rechazó por ser un arraigo insuficiente. En la actualidad no se sabe cuál es el paradero del señor Juan Pablo Jaramillo.

- ¿Qué otro proceso sigue contra el Teodoro?

- Es uno reciente que la Fiscalía activó y que tiene que ver con un proceso de contratación por un millón de dólares más IVA, en la cual suscribe la exgerenta Susana Sumoy Esteves y los representantes de Cordovelsa, para la adquisición de prótesis... esta noticia del delito llegó por informe de la Contraloría General del Estado, que determinan un perjuicio de 440.000 dólares, sin embargo con la pericia que Fiscalía realiza se determina un perjuicio de $ 500.000 aproximadamente.

- ¿Cuál es la novedad en este caso?

- Adicionalmente, al sobreprecio es que supuestamente la empresa Cordovelsa entregó las prótesis, las cuales eran 55 , de estas 22 fueron devueltas por el encargado de bodega, con pretexto de que la envoltura no estaba bien realizada (...), pero ya existía un acta entre-recepción de que estas prótesis no presentaban ningún tipo de novedad. Actualmente, se encuentran procesadas seis personas, entre actuales y funcionarios del Teodoro Maldonado, así como representantes de la empresa Cordovelsa.

- ¿Estos funcionarios de qué nivel son?

- Está el gerente, del área requiriente y que forman parte de la Comisión Técnica designados por la máxima autoridad.

- ¿Y cuál es la máxima autoridad ahí?

- En ese tiempo la gerente Susana Sumoy.

- ¿Han tenido otras alertas de posibles delitos en entidades públicas?

- Se ha sustanciado otro tipo de causa, por ejemplo el relacionado con la medicina Actemra, que nació de una noticia del delito publicada en redes sociales y que de oficio aperturó la fase investigativa y ese proceso está en etapa de juzgamiento.

- ¿En este caso a quienes se imputaron?

- Inicialmente, eran seis personas procesadas, de las cuales dos eran particulares y cuatro funcionarios públicos, entre ellos, el exgerente del Hospital Guasmo Sur y el resto que cumplían las funciones de jefe de bodega, de ayudante de bodega y químico farmacéutico. Hoy solo hay cinco personas que van a juicio. La jueza (que conoce el caso) no acogió el dictamen contra el exgerente Álvaro Ponce, porque concluyó que los elementos presentados no eran suficiente para llevarlo a juicio.

Según la jueza, el único elemento que tendría Fiscalía es que se habrían tomado el nombre del señor Ponce para solicitar dicha medicación; sin embargo, Fiscalía presentó el recurso de apelación. Se esta esperando que la Sala avoque conocimiento... dentro del dictamen existían varios elementos de convicción entre ellos pericia de identidad humana informes de análisis de identidad humana, informe investigativo, informe de análisis telefónico, informes de audio y video, así como varias versiones, entre ellas, de procesados en las cuales lo identificaron a él como la persona que habría llamado o autorizado para la entrega de dicha medicación. 

La Fiscalía no comparte con el tema de cómo se hizo la entrega, no cumpliendo los procedimientos... donde efectivamente quien debía de haber autorizado es el director zonal de Salud de la Zona 8... es decir, el préstamo del medicamente, que fue la figura para sacar en el hospital no está prohibido, existe un manual para hacerlo, pero este debe contar con la venía del director zonal de Salud de la Zona 8, lo que no se dio, desconocía de esto... obviamente sabíamos por investigaciones que este tipo de medicamento tenía otro fin, que era promocionarlas por redes sociales y venderlas por parte del señor Abraham Muñoz,

- ¿Solo se detectó en este hospital o en otras casas de salud?

En esta fiscalía se sustanció solo ese proceso, pero tengo entendido que el IESS había solicitado una auditoría respecto a la utilización de estos medicamentos y que iba a presentar denuncia (...) la auditoría consta en el proceso.. de saber si utilizaron o no dicho medicamento, teniendo en consideración el costo y la duplicidad de este costo en el mercado negro, teniendo en consideración el tipo de utilización de este medicamento.

¿Hay otras investigaciones que apunten al Teodoro Maldonado en otros delitos?

De estas dos investigaciones en caso de que Fiscalía evidencie la existencia de delitos diversos tiene la obligación de oficio aperturar otro tipo de investigación (...) como Fiscalía conocemos investigaciones no solo de este hospital sino varios las cuales se encuentran en fase investigativa y por el tema de la reserva no se puede dar más detalles.

¿Otros hospitales que son de la red pública y del IESS?

Existe un sinnúmero de denuncias tanto de red pública como relacionadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se sustancian en las diferentes unidades.

- ¿Estas fueron por denuncias durante la pandemia o de años atrás?

Existieron varias denuncias por parte de un exgobernador al presentarse ciertas falencias en varios contratos... esta Fiscalía ya activo uno de esos casos que es del Hospital de Infectología que tiene relación con la adquisición de insumos, es un contrato de 300.000 dólares, están procesados seis funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gerente, la jefe de compras públicas y cuatro enfermeras que formaban parte de la Comisión Técnica , adicionalmente, este proceso fue suscrito días previos a la declaratoria de emergencia por la pandemia, en la actualidad estamos a la espera de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, respecto a los 7 procesados, este es uno de los procesos que nos llegó por denuncia y como esta hay varios más que han sido sorteadas en diferentes unidades.

Es por tráfico de influencias, por ciertas observaciones al proceso de contratación realizado por dicha casa de salud.

¿Estos casos pueden desprender otras investigaciones?

Por lo general, Fiscalía solicita siempre las declaraciones juramentades patrimoniales a efecto de ver si existe o no algún tipo de sospecha respecto al patrimonio de los funcionarios que es donde se podría identificar si existe algún otro tipo de delito que afecte la correcta administración pública; así como también se solicita siempre información del servicio de rentas internas respecto a los contratistas a efectos de determinar si existe algún tipo de evasión tributaria que afecte las haciendas públicas así como también siempre fiscalía solicita requerimientos al Servicio Nacional de Aduanas a efectos de determinar si existe alguna infraccion aduanera. Así mismo al relacionar algún tipo de delito está en la obligación a aperturar, por separado, algún otro tipo de investigación a efectos de determinar o no elementos de convicción... que son los delitos diversos o la concurrencia ideal de infracciones (por separado)

¿De qué delitos estamos hablando?

Enriquecimiento ilícito, que esta Fiscalía ya tiene un llamamiento a juicio, adicionalmente hay un pedido de formulación de cargos contra cinco personas, entre ellos, el gerente del hospital Universitario, jefe de compras públicas y proveedor, por presunto peculado. Este es un proceso de 2015, por adquisiciones de insumo, que nace con informe de Contraloría.

¿Hay otras instituciones relacionadas con estos casos de corrupción?

Hay otra investigación remitida por la Contraloría que se determina un sobreprecio entre una persona particular versus al representante del Cuerpo de Bomberos de Daule. Aun se encuentra recabando elementos de convicción por tráfico de influencias. No se concretó el pago. Hay una cierta estrategia por parte de los proveedores.

- ¿Cuál?

Cuando descubren que han hecho mal las cosas, que hay sobreprecio, viene el proveedor inmediatamente hace la cancelación de la cuenta, eso para que el Ministerio de Finanzas le acredite en la cuenta el valor por los insumos entregados y evitar ser procesados por peculado, deja a la Fiscalía sin esa ejecución del pago; sin embargo, se puede desplazar al otro tipo penal para determinar si se respetaron o no los procedimientos que determina la ley de contratación pública.

-¿Eso, para evadir un delito mayor?

Desconocemos si es del mismo proveedor o de quien lo asesora hacen el cierre de cuentas para evitar el pago.

¿Y eso se ha detectado en estos casos?

En el hospital de Infectología se detectó. Al no haber una cuenta a donde acreditar, Finanzas ya no puede hacer el pago y rebota, pese a que en la institución ya se da como pagado dicho proceso. Es una estrategia que están utilizando. La otra estrategia es declarar desierto el proceso. El contrato te da un tiempo, si no lo entregaron en los 15 días, al día 16 te declaran proveedor incumplido y con eso evitan todo el proceso y todo el pago.

- ¿Hay algún denominador común en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que lleve hacia alguien en específico?

Lo que hemos podido detectar que en varios de estos procesos se repiten los funcionarios, siempre va a encontrar dos o tres de los mismos funcionarios que fueron procesaos en el proceso uno en el proceso dos, y así mismo en el proceso tres, pero con otros gerentes de dicha institución y jefe de compras públicas.

¿Con un mismo modus operandi, como diría la policía?

Lo que creo es que no hay una depuración, siempre va a haber funcionarios que estuvieron tentados por una administración pública anterior y vuelven a ser parte de una nueva estructura laboral de gerencia,  director administrativo y son estos los que a la vez trasmiten el mensaje que tenía en el proceso anterior, es lo que se ha detectado, la duplicidad o reiterabilidad por parte de ciertos funcionarios e procesos de contratación pública.

¿Hace falta una depuración real?

Exacto, porque siguen trabajando para mi funcionarios que se vieron identificados con otros procesos de contratación, obviamente hay funcionarios que no figuran, pero que asesoran en ciertos tipos de procesos. Siempre va encontrar documentos que dicen: elaborado por, aprobado por, firmado por; hay procesos donde hay funcionarios no van a figurar y será difícil para la Fiscalía imputar algún tipo de delito y esos funcionarios al no haber algún tipo de imputación, sospechas, siguen siendo parte, ni siquiera son removidos, sigue siendo parte de la misma área de contratación pública. El IESS tiene un departamento bien grande.