Un caso juzgado. Antes de que los cuatro consejeros de Participación Ciudadana enjuiciados políticamente presenten sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ya había una decisión: la censura. Postura que quedó en evidencia el 15 de noviembre de 2022, cuando con 84 votos se aprobó el inicio de su juicio político. Pese a ello, las bancadas que suscribieron el control político, momentos previos al inicio del mismo, mostraron cautela e, inclusive, señalaron estar expectantes de los enjuiciados.

Este es el caso del Partido Social Cristiano que, según su jefe de bancada Esteban Torres, “nada está dicho” y que, aunque el llamamiento a juicio político de los cuatro consejeros superó los 70 votos necesarios, no considera que el proceso del control político sea un mero trámite. Es más, Torres señala que su bancada tomará en cuenta los descargos que presenten Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, pero que “lo más probable (...) es que luego de eso votemos a favor de la censura”.

Asimismo, el asambleísta de Unión por la Esperanza, Ronny Aleaga, señala que para llegar al juicio político ya se agotaron las acciones de cargo y de descargo y que “no se puede decir que (el proceso) es mero trámite” por ser un procedimiento legislativo. Pese a esto, aclara que “los votos de UNES se darían precisamente para lograr la censura de cuatro miembros del Consejo de Participación”.

Postura de bloque que quedó clara en la votación del llamamiento a juicio político a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que, en debate del Pleno, fue reforzada por sus legisladores Roberto Cuero, Walter Gómez y Gabriela Molina.

Entre correístas y socialcristianos, los cuatro consejeros de Participación ya cuentan con 62 de los 70 votos necesarios para su censura. Las ocho voluntades que faltan para consolidar el juicio político se diluyen entre dos bancadas. “Estamos 50 - 50”, señala el segundo vicepresidente del Legislativo y miembro de Pachakutik, Darwin Pereira, e indica que “con o sin nosotros sí habrían los votos para la censura”. Sin embargo, al menos cinco integrantes de su partido dieron los votos para el llamamiento: Peter Calo, Mireya Pazmiño (aún no expulsada), Dina Farinango, José Cabascango y Ángel Maita.

Escenario similar en Izquierda Democrática donde, según el asambleísta Dalton Bacigalupo, “la posición oficial del partido es votar en contra de un proceso ilegal e inconstitucional”. Sin embargo, precisa que, aunque espera que los 12 integrantes de su bancada sigan la disposición, “puede haber votos disidentes por la indisciplina que nos ha afectado”.

Por su parte, el recién separado asambleísta de Izquierda Democrática, Marlon Cadena, señala que él y sus compañeros, también apartados del partido, Yeseña Guamaní y Rodrigo Fajardo, “vamos a escuchar a las partes y de ahí tomaremos una decisión” respecto a la censura de los cuatro consejeros de Participación. Sin embargo, los tres asambleístas también entran en la suma y resta de votos, ya que en el llamamiento a juicio ya tomaron una postura a favor del inicio del proceso de control político en contra de la mayoría de Participación.

LA BANCADA OFICIALISTA SE RESISTE

Aunque la bancada del Acuerdo Nacional (afín al Gobierno) dejó clara su negativa sobre enjuiciamiento político de los consejeros absteniéndose en el llamamiento, uno de sus integrantes, Washington Varela, presentó una acción de protección con medida cautelar para anular el control político liderado en el Legislativo. Por su parte, la consejera de Participación, María Fernanda Rivadeneira, también había presentado un recurso similar, pero horas después la retiró a pesar que ya tenía fecha para ser resuelta por una jueza.