El caso Balda amenaza al correísmo

El regreso de Rafael Correa podría quedar en suspenso si es llamado a juicio por plagio.

Quito /
27 sep 2018 / 00:00

Un grave escollo tendrán que superar los correístas en su camino para recuperar espacio en la vida política. Si las cosas salen como espera la Fiscalía General y defensa de Fernando Balda, el expresidente Rafael Correa seguirá “viendo los toros desde lejos” y sus seguidores tendrán que conformarse con tener a su líder libre pero a cientos de kilómetros.

Hoy, la jueza Daniella Camacho, reinstalará la audiencia preparatoria de juicio por supuesta asociación ilícita y plagio en el caso del activista político Fernando Balda que se sigue contra Correa; el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Para la Fiscalía ellos son autores del delito y el fiscal Paúl Pérez pidió el martes que sean llamados a juicio. Si la jueza acoge esa solicitud el juicio se instalará solo para los dos últimos y quedará en suspenso para Correa y Romero.

De acuerdo con la legislación vigente, ellos no pueden ser juzgados en ausencia. Si quieren evadir el proceso no podrán volver al país, al menos, hasta 2022 cuando prescriba la acción penal.

El martes, durante la diligencia el fiscal explicó que en el caso de los delitos por secuestro el plazo para investigar y sancionar a los responsables es de 10 años contados desde el cometimiento de la infracción. El intento de secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012, en Bogotá, Colombia.

Correa, por lo tanto, tendrá que esperar para volver al país. Si vuelve antes se tendría que hacer efectiva la orden de prisión que está vigente en su contra. Camacho impuso esa medida después de que el expresidente incumplió con la orden de presentarse ante la justicia cada 15 días.

El caso también está a la espera de una resolución de la Policía Internacional (Interpol). La justicia ecuatoriana pidió la difusión roja para el expresidente. Su defensa impugnó esa solicitud. La Interpol tomará una decisión en su próxima sesión prevista para el 15 y 16 de octubre.

Si la suerte no acompaña a Correa y la Interpol da luz verde a la orden de captura, el expresidente aún tiene una carta para jugar: el asilo político en Bélgica. Esa ha sido una opción con la que ha coqueteado la defensa, que los medios de ese país dan por hecho pero que no se ha concretado todavía. Con un posible asilo, Correa podría seguir viviendo en Bélgica mientras prescribe su delito.

¿La extradición? Es una alternativa que no ha se ha discutido. Algo que no pasa, por ejemplo, con Romero: la semana pasada, la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, comentó que están a la espera de una resolución de España, donde está refugiado el exfuncionario y ha pedido asilo.

La visita de Espín a la cárcel 4, a investigación

La ‘visita’ que una legisladora correísta hizo a la cárcel 4 derivará en otra investigación fiscal. De por medio podría haber hasta responsabilidades penales.

Sofía Espín fue a la cárcel para conversar con Diana Falcón, procesada por su supuesta participación en el intento de secuestro de Fernando Balda. Ella dice que fue una acción humanitaria. La defensa de Falcón dice que intentaron convencerla para que cambie su versión y ‘salve’ al expresidente Rafael Correa.

Para Espín no es suficiente con el testimonio de Falcón y sus abogados, ella quiere que le presenten pruebas de la supuesta presión que ejerció. De lo contrario, dijo ayer, iniciará acciones legales en contra de quienes la acusan.

A tono con el discurso del correísmo, la legisladora dijo que se pretende montar un show y se declaró perseguida política. También cuestionó al sistema judicial. “Sabemos que aquí no hay justicia, si tenemos que recurrir a instancias internacionales lo haremos”, anunció.

Para la ministra del Interior, María Paula Romo, el caso es muy grave. Y el legislador Luis Fernando Torres advitió que podría se una causal de destitución de Espín.

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