Que dos abogados hayan dado positivo por coronavirus no será impedimento para que este miércoles 24 de junio se instale la audiencia de apelación a la sentencia de ocho años de cárcel impuesta en el caso Sobornos 2012-2016.

El juez ponente David Jacho no acogió los pedidos de diferimiento efectuados entre otros por Diego Chimbo, defensor de Bolívar Sánchez, quien es uno de los abogados afectados por COVID-19.

A las 18:09 de este martes 23 de junio los abogados fueron notificados con la negativa de postergar la diligencia convocada bajo prevenciones de ley.

A Chimbo, defensor de Sánchez y a Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa y otro de los contagiados con el virus el juez dispuso que, hasta el momento en que se debe llevar a efecto la audiencia de apelación "justifiquen en legal y debida forma sus pedidos. 

Esa justificación debe incluir los antecedentes de las pruebas médicas practicadas, las certificaciones de las respectivas historias clínicas, a más de la comparecencia obligatoria de los profesionales de la salud que emiten los resultados que se han adjuntado a las solicitudes. Jacho justificó señalando que los anexos presentados no han sido emitidos por el IESS o algún centro médico del sistema de salud pública.

El juez explicó las condiciones en las que se dará la diligencia. Indicó que se habilitarán cuatro Salas en el edificio de la Corte Nacional de Justicia y una en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, manteniendo conexión de transmisión en tiempo real y simultanea de la audiencia a través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes. 

Habrá espacios en los cuales se restringirá o se limitará el ingreso a un número máximo de 12 personas por sala. Dispuso que en coordinación con la Unidad de Informática de la Corte, más allá de las actividades necesarias para garantizar la conexión en tiempo real entre la salas indicadas, se habilitará una sala de audiencias virtuales por medio de la plataforma virtual Policom.

En este caso existen 20 sentenciados. A la cabeza el expresidente Rafael Correa y su círculo cercano que recibieron ocho años de cárcel por cohecho agravado. La Fiscalía demostró que formaban parte de una organización criminal dedicada a la recepción y distribución de aportes entregados por contratistas del Estado a cambio de contratos. Se entregaban en efectivo y por cruce de facturas. Los destinatarios eran los colaboradores de Correa y las campañas de Alianza PAIS.

La sentencia se anunció el pasado 7 de abril en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus en el país.

Este es el segundo caso abierto para Correa quien fue llamado a juicio por disponer al exsecretario de la Senain Pablo Romero el secuestro del activista Fernando Balda, según los exagentes de Inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón.