Los abogados de los sentenciados por cohecho agravado, en el caso Sobornos 2012-2016, presentaron sus escritos con pedidos de aclaración, ampliación y apelación, de la sentencia condenatoria notificada el lunes.

La mayoría no quiso esperar que se levante la suspensión de plazos y términos decretados por la emergencia sanitaria para contener el avance del coronavirus para llevar sus requerimientos ante los jueces que integraron el tribunal que juzgó y sentenció a Rafael Correa, Jorge Glas y otros 18 procesados por cohecho agravado.

Ellos fueron señalados por integrar una posible estructura criminal de captación y distribución de sobornos entregados por contratistas del Estado a cambio de contratos en sectores estratégicos. La Fiscalía presentó pruebas de que los sobornos fueron entregados en efectivo y por cruce de facturas.

Los abogados tenían sus recursos listos para presentar. Por eso, el martes, 24 horas después de la notificación, fueron a la Corte con los documentos. Jorge Acosta, defensor del empresario Alberto Hidalgo, documentó el trámite que no pudo concretar porque en la Corte le informaron que no había autorización para recibir escritos. Tampoco tuvo éxito al ir a Flagrancia donde le recordaron que plazos y términos estaban suspendidos. Por eso envió por correo electrónico los pedidos de aclaración y ampliación y la excusa para el juez Iván Saquicela.

Acosta fue uno de los cinco defensores que presentó requerimientos. También lo hicieron las defensas del empresario Teodoro Calle, del exsecretario Jurídico Alexis Mera, del empresario Édgar Román y la defensa del expresidente Rafael Correa.

Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa pide que el tribunal aclare por qué cambia la teoría del caso (autoría mediata), acusada por la Fiscalía, y condena al expresidente y a su exvicepresidente en calidad de instigadores de cohecho. Señala que ese cambio constituye una evidente transgresión al principio de congruencia que es una garantía procesal.

Jarrín solicita se aclare cuáles fueron los elementos probatorios que puedan demostrar que su cliente “haya conocido de los registros que supuestamente llevaba la señora Laura Terán Betancourt en archivos informáticos de Excel sobre aportes a Alianza PAIS”.

Además el abogado busca que los jueces amplíen y aclaren: cuáles fueron las funciones de Correa y Glas en los procedimientos precontractuales y contractuales de los contratos adjudicados a las empresas investigadas entre los años 2012-2016 y qué normas facultan u obligan al presidente o al vicepresidente participar en los procesos precontractuales y contractuales de contratación pública. Hay también requerimientos para que se aclaren las citas bibliográficas realizadas en la sentencia, que se precisen la fecha de expedición del fallo, número de expediente y jueces que la emitieron, entre otros pedidos.

La defensa de Teodoro Calle se fue directamente al recurso de apelación. Paúl Ocaña dijo en su escrito que existe falta de motivación en el fallo, que a su cliente se condena erróneamente, que las pruebas atribuidas a él corresponden a otras personas jurídicas y que el tribunal condena a su defendido con una teoría del caso que ni la Fiscalía ni la Procuraduría presentaron durante el juicio. La aclaración y ampliación responde el tribunal. La apelación irá a una sala.