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Caso Hospital de Pedernales: hubo reparto en agencias, Asamblea y hospitales

Daniel Mendoza y su asesor contaron sobre la danza de millones y cargos. Dieron sus testimonios anticipados

Jorge Luis Ortega
Jorge Luis Ortega, defensor de Jorge Jalil, durante la audiencia de testimonios anticipados en la Corte.Cortesía

Cargos a cambio de votos. Cargos por salvar a alguien de un juicio político. Una práctica que habría venido desde 2017.

El operador de esas negociaciones habría sido el exasambleísta Eliseo Azuero de la bancada del BADI que agrupaba a ocho legisladores. Azuero es uno de 19 investigados por posible delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales.

Las revelaciones se dieron este martes 29 de septiembre en los testimonios anticipados que rindieron el exasambleísta Daniel Mendoza, su exasesor Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz.

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Este último, por ejemplo, aseguró que Mendoza recibió una retribución a cambio de enviar a su alterna para salvar del juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint. A cambio habría recibido la vía libre para su movimiento político.

Una actuación que le habría significado un costo político que Mendoza estaba dispuesto a asumir porque quería proyectarse a una dignidad nacional con el movimiento Amigo.

EXPRESO pidió un pronunciamiento al Consejo Nacional Electoral. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

El asambleísta Mendoza mencionó a todos los legisladores de la bancada del BADI, dirigida por el exlegislador prófugo, Eliseo Azuero, a quien ubicó en el centro de las negociaciones a cambio de cargos.

Azuero habría colocado a René Tamayo en el Secob. Mendoza en cambio al director regional de BanEcuador en Manabí. Eso les sirvió para que, durante la pandemia de coronavirus, se pudiera conseguir el cobro de los cheques de anticipos de obras, de fiscalizaciones o de otros contratos que posteriormente se habrían repartido entre los asambleístas.

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Calderón aseguró que entregó fundas negras con dinero a legisladores del BADI. Mencionó a Mercedes Cuesta, Franco Romero, Raúl Tello, entre otros. Mencionó que fueron 360.000 dólares repartidos entre cuatro asambleístas en distintos puntos. En Quito, en Guayas y otros sitios. En total dice que se entregó más de un millón de dólares.

Hay chats que dice que Mendoza, Azuero y otros fueron partícipes de la red de corrupción, señaló Calderón.

Las comunicaciones, para no dejar rastro, se hacían a través de una aplicación llamada ‘confidence’ que tiene la posibilidad de autodestrucción, reveló el contratista.

Mendoza no negó alguna participación en el posible delito pero descargó las responsabilidades en su afán de que se contrate mano de obra del sector como albañiles, carpinteros.

La práctica de entregar cargos a cambio de votos se habría registrado en la ex Secretaría de la Política desde 2017.

El reparto incluía agencias de Tránsito de Manabí, cargos en el sector público. Entre ellos en el Ministerio de Transporte dirigido por Paúl Granda.

El exministro dijo que la afirmación de Mendoza es falsa. “En los primeros días de Gobierno en el 2017 jamás se ofreció o asignó cargo alguno”. Dijo que, como siempre al inicio de un mandato, “se escuchan recomendaciones en cada provincia de compañeros del partido y de todos los sectores.

Jorge Luis Ortega, defensor de Jorge Jalil, insistió que quienes dieron su testimonio anticipado son los responsables del manejo irregular en la entrega del contrato. Dice que no existe elemento alguno que establezca algún tipo de participación de su cliente en la organización. Dice que los implicados fueron utilizados por quienes encabezan la organización.

Responsable

Azuero insistía en los cobros

Jean Benavides, exasesor de Daniel Mendoza, aseguró que había entregado una maleta con dinero a Eliseo Azuero en el Valle de los Chillos. Dijo también que tuvo problemas para cambiar los cheques del caso hospital de Pedernales en los días de la pandemia pero “fue tal la insistencia de Azuero”, que tuvo que agotar todas las instancias.

La cifra

19 procesados son investigados por posible delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales.