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El caso de Joffre Aroca Palma se tratará en el período de la CorteIDH

El Estado ecuatoriano es señalado por detención arbitraria y ejecución extrajudicial

CORTE INTERAMERICANA D (6900256)
Los magistrados interamericanos sesionan en la sede de la CorteIDH, ubicada en Costa RIca.CORTESÍA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó que celebrará del 13 de junio al 1 de julio un período de sesiones en el cual, entre otros casos, tratará la detención arbitraria y muerte extrajudicial de Joffre Antonio Aroca Palma.

La demanda argumenta que Aroca falleció el 27 de febrero de 2001 como consecuencia del disparo efectuado por un agente policial, quien se encontraba en funciones, lo cual habría constituido en un uso de la fuerza letal injustificado, innecesario, desproporcionado y carente de un fin legítimo, y por ello una ejecución extrajudicial.

En 2011, los familiares de Joffre Aroca Palma presentaron una denuncia por el delito de asesinato ante un Juzgado de lo Penal de la provincia del Guayas, acusando a un agente de policía como presunto autor del hecho y a otros dos como encubridores.

Zoila Chimbo

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Un año después, el policía quedó en libertad poco antes que sea condenado a 8 años de prisión. Sin embargo, el agente se fugó. Por otro lado, en su informe, la CIDH recomendó al Estado ecuatoriano la reparación integral y disponer de mecanismos de no repetición.

Otros casos a tratar durante el período de la CorteIDH es el de Carlos Baraona Bray (Chile) y su sentencia por el delito de injuria al haber acusado a un senador chileno sobre supuestas presiones para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario.

También se abordará el caso de Valencia Campos (Bolivia) sobre la aparente responsabilidad del Estado en el allanamiento ilegal de domicilios y presuntos actos de violencia excesiva por parte de agentes estatales, que incluye la tortura, violencia sexual e incomunicación, durante un operativo llevado a cabo en 2001.

Además, se someterá a revisión el caso Tavares Pereira contra Brasil por la supuesta responsabilidad del Estado en el asesinato del trabajador Antonio Tavares Pereira y las lesiones sufridas por otros 185 trabajadores pertenecientes al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Los hechos sucedieron el 2 de mayo de 2000 en el Estado de Paraná, durante una marcha realizada por los trabajadores por la reforma agraria.