La Fiscalía General del Estado vinculó a cuatro ciudadanos más al proceso por el presunto asesinato de tres personas, ocurrido durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

Los implicados recibieron medidas cautelares como la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Además, se dispuso que la instrucción fiscal se extienda por treinta días más (120 días en total).

Según la Fiscalía, los elementos de convicción recabados durante la investigación, que hacen presumir la participación de los cuatro nuevos vinculados en ese delito fueron entregadas en la audiencia.

Nueve investigados

Ahora, un total de nueve personas –entre ellas los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo–, serán investigadas y podrían tener una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

En el contexto de los hechos investigados, ellos formaron parte del operativo que extrajo del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de estado planificado.