Contra Ochoa, el interpretador

La amenaza de juicio ronda al exfuncionario. Ayer fue acusado de falsificación ideológica.

Quito /
15 mar 2019 / 00:01

El exsuperintendente de Comunicación del correísmo Carlos Ochoa asumió un rol de legislador e interpretó la ley para sancionar al menos a ocho radioemisoras con un artículo alterado de la ley de Comunicación. Esa arrogación de funciones le llevó ayer ante los tribunales. O más bien, a su abogado. Él no se presentó, pues está prófugo.

Su firma está en las resoluciones de sanción a medios, que fueron impuestas entre abril de 2015 y enero de 2016. El monto total de multas fue de 28.320 dólares (3.540 dólares por cada radio sancionada). Fue una de las conclusiones de la fiscal (e) Ruth Palacios durante la audiencia preparatoria de juicio en la que sustentó su dictamen acusatorio en contra del exfuncionario por supuesta falsificación ideológica.

A la audiencia preparatoria de juicio, que se desarrolló en ausencia del exfuncionario, no acudió ningún familiar o amigo como sí ocurrió en diligencias para procesados como el exvicepresidente Jorge Glas o el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado.

La diligencia se desarrolló desde las 09:00 en el octavo piso de la Corte Nacional y ante una sala casi vacía.

La determinación del presunto delito atribuido por la Fiscalía a quien fue considerado ‘alguacil’ de periodistas y medios de comunicación durante el anterior gobierno sustentó la negativa del juez Marco Rodríguez de no dar paso al vicio de prejudicialidad alegado por su abogado Luis Chicaiza.

El defensor buscaba que el caso no prospere argumentando que, para proseguir con la acción penal debía primero existir la sentencia de un juez civil sobre la supuesta falsificación del texto de la Ley Orgánica de Comunicación.

La fiscal Palacios aclaró que el objetivo de la investigación no fue determinar la falsificación material del contenido de un artículo de la ley que consta en unas 300.000 leyes de bolsillo que fueron impresas durante la gestión de Ochoa. Se trata de falsificación ideológica, es decir, que estiró la ley, bajo su interpretación, para imponer las sanciones.

Palacios fundamentó la supuesta existencia de falsificación ideológica atribuida a Ochoa en 31 elementos recopilados durante los 30 días de la instrucción fiscal que se cerró el 24 de febrero.

Mencionó peritajes de audio video, documentales, cotejamientos de voz, resoluciones, oficios, actas, versiones y la entrevista concedida a El Universo en la que el procesado habría reconocido que se hizo un arreglo a la ley de Comunicación. También incorporó al expediente las copias de cada resolución sancionatoria y los DVD de la sesión de la Asamblea en la que se censuró y destituyó al exsuperintendente.

Como elemento de descargo, agregó la versión de Ochoa en la que señaló que no conoció, autorizó ni dispuso la modificación de la transitoria sexta del cuerpo legal. También negó haberla utilizado para imponer sanciones, sino que fue durante la entrevista cuando se dio cuenta de la supuesta modificación.

Pero la fiscal precisó que la investigación ha demostrado todo lo contrario a lo manifestado por Ochoa en la única versión que dio en la Fiscalía antes de abandonar el país, primero con destino a Colombia. El periplo culminó en Bolivia, país en el que se encuentra desde 2018 y del que espera obtener refugio. Palacios pidió al juez que sea llamado a juicio como autor del delito, por lesionar la fe pública. Como pruebas del ilícito presentará 17 documentos, 21 testigos y 12 peritos. Solicitó mantener las medidas cautelares, que se insista en su extradición y que se prohíba la enajenación de bienes por 86.240 dólares.

El defensor de Ochoa insistió en que no existe el documento falso y que tampoco existen presupuestos para determinar la participación de Ochoa. La resolución del juez será anunciada el miércoles a las 09:00. Por encontrarse prófugo, no podrá celebrarse un eventual juicio hasta que se entregue o sea capturado. Su abogado ya anticipó que su regreso depende de la decisión del juez.

Investigaciones

Expedientes

Durante la gestión de Carlos Ochoa se instauraron al menos 1.188 expedientes administrativos para periodistas y medios de comunicación.

Sanciones

Las presuntas vulneraciones de normas deontológicas y la regulación de contenidos fueron pretexto para sancionar en más de 700 expedientes.

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