Los plazos se van apretando para todas las partes. A la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se le terminó este jueves 19 de diciembre el periodo de 11 días de vacaciones que le otorgó la Prefectura y debía presentarse para retomar las actividades propias de su cargo algo que, por obvias razones, no pudo hacer.

La funcionaria permanece detenida desde el 14 de octubre y es investigada por el delito de rebelión junto al exasambleísta Virgilio Hernández y Christian González, identificado como un colaborador cercano de la prefecta. A los tres se les acusa de impulsar las violentas protestas de inicios de octubre.

La incógnita ahora es si Pabón perderá su cargo como prefecta por una ausencia extendida. Al respecto hay varias interpretaciones y lecturas de la normativa laboral vigente para el sector público.

El abogado constitucionalista, Salim Zaidan, cree que el tiempo se le acorta a Pabón para retomar físicamente el cargo. El jurista considera que una vez que terminó su periodo de vacaciones lo que podría es acudir a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y ausentarse tres días más, siempre y cuando pueda justificarlo.

“Luego de eso ya no hay posibilidad de beneficiarse con un permiso con cargo a vacaciones, ni pedir extensión a la licencia. Ante la imposibilidad de reintegro no queda más que el pleno del Consejo Provincial debata una eventual remoción, para lo que se necesitaría dos tercios de los votos”, le dijo Zaidan a EXPRESO.

El pleno del Consejo Provincial se conforma por 14 integrantes entre alcaldes cantonales y presidentes de juntas parroquiales. El 13 de diciembre pasado, por unanimidad, esta instancia decidió aprobar la subrogación del viceprefecto, Alexandro Tonello, lo que dio un respiro a Pabón.

Entre los alcaldes que apoyaron esta resolución están algunos que llegaron en alianzas entre movimientos locales y grupos nacionales como Concertación, el movimiento CREO, Ahora o el Partido Social Cristiano.

La defensa de Pabón tiene otra visión de las cosas. Aseguran que no se ha podido presentar porque atraviesa una situación de fuerza mayor que es la prisión preventiva. Esto genera una ausencia temporal que es suplida con la subrogación de Tonello.

Tampoco cabría la destitución de la funcionaria porque la Constitución establece que se suspenden los derechos políticos de una persona cuando existe una sentencia penal ejecutoriada. Este argumento resulta muy forzado para Zaidan quien, sin embargo, cree que se debe dejar a Pabón defenderse en libertad.

Estaba previsto que Pabón sea trasladada desde la cárcel de Latacunga hacia la Casa de Acogida ubicada en Chillogallo, en el sur de Quito tal como se acordó el miércoles con la Secretaría de Derechos Humanos. Su abogado, Freddy Ron, le dijo a EXPRESO que la medida debía cumplirse antes de que termine la tarde de ayer.

• Medidas

CIDH espera informe

Mañana se cumple el plazo de 15 días que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno para que informe sobre los avances con relación a las medidas cautelares que otorgó a Pabón y compañía.

La Secretaría de Derechos Humanos anunció que reportará las medidas adoptadas que versan únicamente sobre el respeto a la vida y a la integridad de los tres investigados.