La carga carcelaria de la ciudad caerá en tres jueces

Un total de ocho jueces de Garantías Penitenciarias atenderá en cuatro unidades del país. Entre sus funciones está tramitar la prelibertad de los reos.

13 sep 2019 / 00:01

A partir de la próxima semana, el país contará con jueces para atender exclusivamente los asuntos carcelarios. Mediante resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el pasado 3 de septiembre la creación de cuatro unidades judiciales de Garantías Penitenciarias que funcionarán en Latacunga (Cotopaxi), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y Portoviejo (Manabí).

Son un total de ocho servidores judiciales que, a escala nacional, velarán por los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL); además de ayudar a resolver el hacinamiento que existe en los centros carcelarios, que sobrepasa una población de 40.000 detenidos, entre sentenciados, procesados, contraventores y por apremio. La situación ha llevado a enfrentamientos mortales entre reos, y que se agravó dentro de un estado de emergencia que inició el 16 de mayo de 2019.

Una de las unidades está siendo habilitada en el Complejo Judicial Penal Norte de Albán Borja, ubicado en el noroeste de la urbe porteña. Se espera que inicie labores el próximo miércoles, igual que en las otras provincias.

Eduardo Medina, coordinador provincial de Gestión Procesal de la Judicatura, precisó que la Unidad Penitenciaria de Guayaquil estará conformada por tres jueces que ya fueron escogidos, dentro de los 40 de Garantías Penales que atienden en la ciudad. Dos salieron de Valdivia Sur, donde se quedan con 11 de los 13 penales que tenían; y uno de Albán Borja, donde quedaron 17. En el Complejo Judicial de la Florida atienden otros 9 jueces penales.

El próximo lunes está prevista una reunión con integrantes del eje de cooperación institucional conformado por la Fiscalía, Defensoría Pública y todo el sistema penitenciario de la provincia, en Guayaquil, para conocer detalles de la creación. Posterior a eso se indicará la inauguración de la Unidad Penitenciaria, dijo Medina.

“La resolución establece que se debería de comenzar en quince días, posteriores a la emisión de la misma; en virtud de eso, estamos trabajando y con las unidades de aquí de Guayas”, indicó el funcionario. Ayer recorrió las instalaciones de Albán Borja, junto con vocales y otros funcionarios de la Judicatura.

Por ahora están realizando trámites internos para poder instalar a los de Garantías Penitenciarias en Albán Borja. “Estamos hablando de reasignación de cargas procesales, instalación de los jueces, dos salas nuevas, dos despachos, una oficina para el archivo que va a utilizar la unidad”, detalló Medina.

A eso se suma la asignación del personal que colaborará en esas funciones como: los técnicos de ventanilla, ayudantes y secretarios. La unidad operará también por medio de la videoconferencia que se enlazará con los centros carcelarios.

Con la creación de los jueces penitenciarios, los de Garantías Penales ya no verán esa materia, una vez que terminen con los expedientes que tienen en sus despachos. Tras la vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, los jueces penales se encargaron de ejecutar y de reducir las penas impuestas a las personas privadas de la libertad (PPL), potestad que con la anterior ley estaba en manos de los directores de las cárceles.

Medina asegura que aún no cuentan con cifras de la carga procesal que se deriva de la Penitenciaría, la Regional 8, el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres y el Centro de Detención Provisional (CDP), que están ubicados en la ciudad.

De momento, solo cuentan con datos estadísticos que fueron entregados por el Departamento de Jurimétrico de la Judicatura, pero que los están “sincerando con el expediente físico”, un proceso que tomaría unos 30 días para la reasignación de causas penitenciarias.

Despacho de prelibertad

Mil carpetas por mes

Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), considera que con la implementación de los nuevos jueces se fortalecerá el sistema penitenciario.

Según aseguró en una entrevista radial, han “tramitado los procesos de prelibertad y hemos despachado alrededor de 1.000 carpetas por mes”, de internos que han cumplido con el 40 % y 60 % de la sentencia. Moncayo fue asignado al cargo, el pasado 1 de junio.

La creación de las unidades penitenciarias está amparada en el artículo 186 de la Constitución, mientras que el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece las competencias de los jueces penitenciarios, cuya principal función es “brindar amparo legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios”. Deberán visitar los centros carcelarios cada mes y oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presenten tanto los detenidos, funcionarios y empleados.

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