La tercera masacre de 2022, ocurrida en la cárcel 1 de Santo Domingo de los Tsáchilas, demostró que el proceso de paz en las cárceles no prosperó. Un mes y 11 días atrás, es decir, el pasado 2 de junio, la comisión de pacificación destacaba que ocho bandas que operan al interior de las cárceles tenían la “voluntad” de participar en el procedimiento.

“Se truncó el proceso. Ellos no recibieron respuesta de la petición que hicieron. Lo lamentable es que nadie vea lo importante de esa declaración de voluntades hacia la pacificación”, señaló la excomisionada Claudia Garzón, quien indicó haber sido designada por los presos como su vocera oficial.

A inicios de junio, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), indicó que la continuación de la mesa de paz es una decisión que le compete exclusivamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, luego de que este “camino hacia la paz” estaba tomando forma.

Sin embargo, el tiempo de funcionamiento se cumplió, el organismo entregó su informe con las respectivas recomendaciones y no se señaló más del tema.

Hasta el cierre de esta edición, el jefe de Estado no emitió comentario público alguno sobre lo ocurrido en la prisión de Santo Domingo. No obstante, Diario EXPRESO le preguntó al consejero de Presidencia, Diego Ordóñez, sobre el seguimiento a los procesos de paz, y él indicó que la consulta debe ser hecha al ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Se trató de conseguir la reacción de esa cartera de Estado y esta puntualizó que la competencia le corresponde al SNAI. Sin embargo, esta última entidad expuso que estaba haciendo las respectivas consultas para informar.

El experto en seguridad Jorge Villacreses cuestiona lo realizado y señala que todo seguirá igual hasta que no existan personas que estén dispuestas a “enfrentarse a la mafia”.

“No existe tal proceso. Mientras el Estado no intervenga como debe de ser y tome el verdadero control, seguiremos iguales. Para eso se necesitan dos cosas: personas con conocimientos en seguridad y que estén comprometidas realmente con el saneamiento y mucha inversión en tecnología”.

El SNAI celebró el 15 de julio el primer acuerdo de paz en todo el país. El convenio se firmó en la prisión de Loja, donde murió un interno y otros tres quedaron heridos luego de una riña hace tres semanas.

Pero el festejo de este pacto de paz no duró ni una semana, cuando ocurrió otra violenta muerte masiva en la que se han recogido “45 piezas humanas” y se han identificado apenas tres víctimas de las 12.

“Es una muestra más de que el Estado no ha podido recuperar el control y soberanía en las cárceles... Hay más de 117 recomendaciones y no solo de la mesa de pacificación, (sino también) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Constitucional, de la Asamblea Nacional. Y la semana pasada hicimos seguimiento y dimos cuenta de que se ha seguido muy poco de las acciones a tomar”, cuestionó el legislador Ramiro Narváez.