Ha pasado cerca de un mes desde que el Gobierno Nacional y el Frente Unitario de Trabajadores iniciaron mesas de diálogo en favor de las reformas en materia laboral. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los puntos en desacuerdo en los proyectos de ambos bandos. Los representantes del Ejecutivo y de los trabajadores han tenido ya dos encuentros.

EXPRESO tuvo acceso a los dos proyectos borrador de Ley Laboral: el del FUT y el del Gobierno. El primero en un documento de 153 páginas, mientras que el segundo tiene 45 hojas. De hecho, gran parte del contenido de este último es lo que se incluyó en el fallido proyecto de Ley de Creación de Oportunidades.

Ambas iniciativas mantienen la celebración de contratos individual y colectivo a tiempo indefinido, pero el del Gobierno propone también regresar a los contratos definidos con tiempo mínimo de seis meses y máximo de dos años de duración, pero con la modificación para que pueda reducirse o extenderse las veces que sean necesarias.

Ambas propuestas en borrador recogen normativa para el teletrabajo, modalidad que tuvo su apogeo durante los meses fuertes de la pandemia de la COVID-19 y en algunas empresas ha quedado de forma permanente.

En el proyecto del FUT se dedican 15 artículos donde se plantea que los teletrabajadores deberán recibir una remuneración similar a las de quienes realizan la misma actividad de forma presencial. Añade que su jornada laboral no podrá extenderse más allá de lo estipulado en el contrato y deberá respetarse la vida privada.

Además, el empleador debe entregar todos los equipos para que el teletrabajador realice sus actividades, en caso de no ser así, la empresa deberá compensar en dinero el uso de los equipos propios de su empleado. Así también, para cambiar la modalidad a presencial se destaca que debe ser bajo mutuo acuerdo.

En el borrador del Ejecutivo, el teletrabajo se encasilla en un artículo donde se explica que, el empleador deberá entregar equipos al trabajador o dinero para su adquisición y, que el cambio de modalidad la podrá hacer el empleador en cualquier momento con una notificación de, al menos, dos semanas de anticipación.

Otro detalle en los que discrepan los dos proyectos está relacionado al periodo de prueba en los contratos. El Gobierno propone que sea hasta 120 días, mientras que los gremios de los trabajadores plantean que se mantenga la normativa hasta los 90 días.