Las cárceles del país se han convertido en escuelas del delito. Así lo reconocen muchos, pero los gobiernos de turno hacen casi nada por cambiar esa realidad.

Una verdad que el 23 de febrero de 2021 se evidenció con una masacre de reos sin precedentes y que dejó a la luz el fracaso de la mal llamada rehabilitación social en las prisiones de Ecuador, especialmente en los Centros de Rehabilitación Social (CRS) de Guayaquil desde donde, en los últimos 15 años, ha salido la orden para matar a tres directores por aparentes venganzas; mientras que otros han salido salpicados por actos de corrupción.

La última matanza generó la suspensión y renuncia de los directores del CRS-1 (Penitenciaría del Litoral)y de Guayas-4 (Regional 8), una de las cuales pasó a manos de un policía en servicio pasivo. Una designación que se ha hecho habitual en la administración del general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional Integral de Personas Adultas en Conflicto con la Ley (SNAI). Un oficial de policía en servicio pasivo, en cuyos hombros recae la responsabilidad de 38.800 personas privadas de la libertad (PPL).

¿Qué dice la ley con respecto al perfil de quien debe administrar estos centros carcelarios? ¿Son los policías los llamados a dirigir las cárceles? ¿O quiénes deben estar al frente y bajo qué requisitos?

Ricardo Morales Vela, exsubsecretario de Atención Integral de Adultos y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del desaparecido Ministerio de Justicia, recuerda que en el Código de Ejecución de Penas (derogado) solo se exigía un título de tercer nivel para el cargo de director nacional de Rehabilitación Social. Actualmente, asegura que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no consta ningún requisito para ocupar esa función.

Si bien considera que quien vaya a manejar cualquier centro carcelario a nivel nacional debe, en principio, tener un título de tercer nivel, también conocimientos en legislación penitenciaria, y “a su vez, que operativamente esté apto para que en los momentos como los que vivimos en situaciones extremas, tenga la capacidad para manejar esas situaciones de presión y que tenga una trayectoria intachable”.

El exfuncionario considera que es el personal administrativo, que tiene la experiencia, el que debería ir categorizándose y haciendo carrera para llegar a la dirección de un centro, como así se lo propuso hace años. “Hay que motivarlos para que puedan ocupar esos cargos. Aquí, lamentablemente no se hace un escogitamiento técnico, sino político, o (se designa) a los más allegados, conocidos o amigos”.

Gina Godoy, exasambleísta y excoordinadora zonal 8 de Justicia, considera que ese puesto debe ocuparlo un profesional del Derecho que tenga conocimiento de las reglas impartidas por mecanismos internacionales en lo que tiene que ver con sistemas de rehabilitación.

“(Si se decide) entregar su manejo a personal policial retirado (...) que tiene una formación para reprimir no para rehabilitar, no podemos esperar otros resultados”, considera Godoy. Y “si el Estado no asume con responsabilidad la obligación que tiene de rehabilitar al privado de la libertad y proveer de recursos suficientes, estos hechos violentos se repetirán”.

La exfuncionaria cree que existe mucha capacidad y voluntad para dirigir las cárceles, “pero no siempre esas personas llegan a ocupar esos cargos, porque no tienen el contacto político, porque no se suman al juego de la corrupción y terminan a un costado”.

Una exdirectora de una cárcel de mediana seguridad, quien prefirió la reserva de su identidad, recordó que en sus tiempos para ser director “le veían cuántos años tenía y le daban el cargo. No por estudios, solo por experiencia empírica”. De allí que, por entonces, asistentes o coordinadores de directores pasaron a dirigir cárceles como la Penitenciaría, eso sí, con título de abogado, otros cursando maestrías y hasta un ingeniero. “Eso lo manejaba Talento Humano de forma discrecional porque solamente por su experiencia empírica los ponían en el cargo”.

Alternativas

En manos municipales o privadas

Tras los hechos violentos, Edmundo Moncayo justificó públicamente que la falta de presupuesto impide mejorar el control en las cárceles.

Ricardo Morales señala que se debe ver la mejor proyección para mantener la seguridad de los centros, ya sea con ayuda municipal o privada, pero que funcionen. Godoy recuerda que ya hubo una experiencia municipal, a cargo de La Roca, que terminó siendo no efectiva.

La cifra

38.800 personas privadas de la libertad forman parte de la población carcelaria actual del país.