El expediente seguido en contra del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, por el presunto delito de tráfico de armas, pasará a manos de otro juzgador.

Ismael Figueroa Parra, juez de Flagrancias que ordenó el arresto domiciliario del exmandatario, dispuso que se remita a la sala de sorteos el original de la causa No. 09281-2020-01797 que se sigue en contra de Bucaram, para que un juez de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil continúe con el trámite del proceso, por los 30 días que se fijaron en la instrucción fiscal que se inició el pasado 4 de junio. Esto, tras el allanamiento que se ejecutó en su domicilio como parte de la primera operación que lideró la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, derivada de casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, dentro de la cual se investiga la compra de insumos médicos de parte del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Aunque la Fiscalía ha reiterado que el allanamiento que se realizó en la casa de Bucaram fue para recopilar indicios para una investigación que han abierto por un presunto delito de peculado, aún no se ha solicitado la apertura de otro expediente o vinculación del expresidente en los casos que ya iniciaron instrucción. Durante la incursión, se encontraron cajas con alrededor de 5.000 mascarillas y 2.000 pruebas rápidas de COVID-19.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, enfatizó que “en el caso del expresidente Abdalá B., hay dos temas distintos: uno es el tema del arma encontrada y otra la investigación por la compra de insumos médicos y que fue la razón del allanamiento, que permitió obtener las evidencias para su vinculación”, aclaró.

Ese día, otras seis personas fueron detenidas como parte de una presunta organización delictiva que comercializaba insumos médicos con sobreprecio al Teodoro Maldonado, en el periodo 2015-2018, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a dicha casa de salud por 11’905.000 dólares, según informó la Fiscalía. Los detenidos son exfuncionarios del hospital y representantes de casas comerciales dedicadas a esa actividad.

En una rueda de prensa que ofreció a través de su cuenta de Facebook, el exasambleísta Dalo Bucaram, hijo de Abdalá, corroboró que toda la mercadería que encontraron en el domicilio del expresidente pertenece a una importación de la compañía Daisy S.A., de propiedad de Eduardo Azar, amigo de la familia Bucaram.

“El Gobierno sabe que esto es una mentira y una patraña, pero hay una ministra que está empecinada en perseguir a mi familia (...) Esta es una campaña de ensañamiento contra una familia, el Estado contra una familia, el poder establecido contra una familia”, manifestó el excandidato a la presidencia, cuya vivienda (ubicada en la misma calle que la casa de sus padres) también fue allanada durante el operativo.

Mostrando documentos, el exfuncionario dijo tener todos los comprobantes que avalan la mercadería incautada en la casa del expresidente y que es de procedencia china.

Según aseguró, él es socio comercial de Eduardo Azar, con quien tiene “una alianza estratégica” para exportar pitahaya a Estados Unidos, donde permanece desde el pasado 7 de marzo junto con su familia. Dalo afirmó que está en casa de un amigo, del que no reveló su nombre, pero tampoco desmintió que sea de Daniel Salcedo, uno de los investigados dentro de la trama de corrupción que alcanza a proveedores y directivos de hospitales públicos. “Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es un amigo, nunca lo he negado, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo”.

DETALLE

Proceso. El expediente por tráfico de armas consta de 39 fojas (hojas) que contienen el parte de detención, el acta de la audiencia y las diligencias fiscales.

Procesados por peculado

Cuatro de los detenidos en el operativo realizado el pasado 3 de junio en Guayaquil (tres hombres y una mujer) tienen prisión preventiva; mientras que a otros dos procesados se les impuso la medida cautelar de arresto domiciliario, porque supuestamente presentaron certificados médicos que dieron positivo para COVID-19 y enfermedad compleja.