Que no es cierto que las comunas de Santa Elena han sido olvidadas, aseguran autoridades locales, en respuesta al estudio realizado por las antropólogas Guadalupe Rivadeneira y Marie Lager, y que fue publicado este 31 de mayo por EXPRESO, en el que se evidencia que los territorios rurales pasan por una crítica situación por las restricciones por la emergencia sanitaria.

Entre los hallazgos del informe realizado por las especialistas durante estos meses de pandemia se detalla que en las 70 comunas solo atienden 26 de los 33 centros de salud que hay y que muchos de estos lo hacen de manera irregular, entre dos y tres horas al día. Además, que el 98 % de los centros no cuenta con los implementos necesarios, ni medicamentos.

Una situación que se ha visto agudizada ante la poca ayuda del Gobierno central y el local.

Amelia Ángel, vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Manglaralto, asegura que ellos han invertido todo su escaso presupuesto en la crisis, pero aun así solo han podido cubrir las necesidades de un porcentaje reducido de la población.

“Estamos muy limitados, las Juntas Parroquiales y los GAD no cuentan con un recurso mayor, incluso nos han recortado por la emergencia”, señala y pone como ejemplo que a una comunidad de 5.000 personas solo han llevado medicinas y kits alimenticios para cerca de 200.

Este Diario quiso conocer la versión del Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Consultada también al respecto, la gobernadora Datzania Villao solo dijo que ellos habían recorrido la mayoría de las comunas con alimentos y medicinas. Prometió una entrevista, pero no volvió a atender el teléfono.

Otro de los puntos que toca el informe es la situación de vulnerabilidad que viven muchas familias por la falta de acceso a alimentos.

Al respecto, Ángel indica que si bien es cierto que ha llegado ayuda de la Alcaldía, Prefectura y el Gobierno, esta no es suficiente, por lo que han tenido que apoyarse en instituciones privadas. “Quiero ser realista: si solo hubiera sido por los recursos del Estado, mucha gente se nos habría ido, no solo hubieran muerto por COVID-19 sino por el hambre”, recalca.

Un punto de vista que no es compartido por Luis Segovia, concejal de las áreas rurales del cantón Santa Elena, quien niega completamente la falta de ayuda por parte de, al menos, la Alcaldía que representa.

Según las cifras que maneja, un “99 % de las comunidades han sido atendidas por el Municipio” con brigadas médicas, a lo que se ha sumado la entrega de alimentos e insumos y el ingreso en “varias ocasiones” a las mismas zonas.

Con él coincide Tania Marca, directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien señala que la institución ha distribuido alrededor de 41.000 raciones alimenticias, sumadas a las 35.000 personas que reciben los bonos que entrega el Gobierno.

Marca es consciente de que, pese a estas cifras, no han podido llegar a todos los habitantes, pero niega que la cifra de familias vulnerables llegue al 70 % como se señala en el estudio.

“Ese porcentaje no es cercano a la realidad. No quiero desmerecer el trabajo, pero me gustaría conocerlo a fondo para ver con qué universo trabajaron y qué variables toman en cuenta. Hay población vulnerable, pero no es la gran mayoría”, sostiene.

La funcionaria también admite que el trabajo no es suficiente, pero dice que para llegar a más personas necesitan más recursos, con los que no cuentan.