La crisis carcelaria que se agudizó desde el pasado 23 de febrero, tras los amotinamientos en cuatro Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país, que causaron la muerte de más de 80 integrantes de bandas delictivas, rebota ahora en instancias judiciales.

Una aparente disposición emanada por la Dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a los Privados de la Libertad (SNAI) motivó la interrupción de las audiencias de juzgamiento, particularmente en la provincia del Guayas.

Según se conoció, desde el pasado 26 de febrero, el SNAI dispuso la suspensión de las conexiones de videoconferencia con las personas adultas en conflicto con la ley (PACL) hasta el próximo 8 de marzo. Esto, en un intento por precautelar la integridad física de los detenidos y de los funcionarios que laboran en los centros carcelarios, especialmente donde ocurrieron los actos violentos.

La decisión generó la inmediata reacción de jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, quienes se dirigieron a las diferentes instancias para solicitar un pronunciamiento urgente de las autoridades o encargados de decidir en esas actividades.

Conscientes de la situación carcelaria, los judiciales señalaron que la comunicación mediante la cual se les informó que no trasladarían a los procesados ni los conectarían por videoconferencia para las audiencias de juicio, va en contra de las garantías constitucionales. Alertaron que por la estructura procesal actual y la pandemia, muchos de los casos están vísperas a lograr la caducidad de la prisión preventiva.

Este lunes 1 de marzo de 2021, el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, se reunió vía telemática con representantes del SNAI y otras autoridades para tratar el tema y el reagendamiento de las audiencias. Se levantaba información de cuántas diligencias estaban suspendidas. Extraoficialmente, se conoce que son aproximadamente 50 audiencias diarias que se agendan en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil: 20 en tribunales, 10 por abreviados y 20 de Garantías Penitenciarias. Además, trascendió la suspensión del director de la Penitenciaría, Luis Aguilar, lo que ahondaba más la situación. Hasta las 17:00 no se conocía de su reemplazo.  

Al cierre de esta edición,    fuentes de la Función Judicial indicaron que se retomarían las audiencias por vía telemática. El Centro Femenino y el Centro de Detención Provisional (CDP) reiniciarían labores este martes 2 de marzo de 2021.

En marzo de 2020, las audiencias y la mayoría de las diligencias judiciales se paralizaron por la pandemia de la COVID-19. La situación generó la suspensión de los plazos que operan para la caducidad de la prisión preventiva, lo que escapó de las manos de los jueces.

A partir del 11 de mayo, el Consejo de la Judicatura restableció parcialmente las actividades judiciales. El 3 de junio del mismo año, la Corte Nacional levantó la suspensión de los plazos y términos de ley en los procesos y posteriormente se normalizaron las actividades.