Un abogado contagiado con COVID y una defensora pública que dijo que no está preparada para asumir esa defensa fueron las razones que llevaron a la jueza Irene Pérez a declarar fallida la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en el caso Bonos del Isspol. 

A la diligencia convocada con tres meses de anticipación acudieron todas las partes procesales excepto la de Rafael Nuques quien justificó la ausencia con un certificado de contagio de COVID. 

Mientras que, la representante de la Defensoría Pública dijo que no se siente preparada para asumir el caso porque recién le sortearon el caso en la mañana de este lunes 17 de octubre. Hubo el llamado de atención de la jueza a la Defensoría y al defensor. 

Es la tercera audiencia fallida. La próxima convocatoria quedó para el 9 de enero de 2023 a las 09:00. La jueza advirtió que no habrá más dilaciones. Pidió a la Defensoría que se prepare. Hubo abogados que pidieron que no se endose a la defensora las costas de la diligencia fallida.

El director del Isspol Renato González reaccionó indignado por la suspensión de la diligencia. Señaló que no le extraña lo ocurrido porque lamentablemente el sistema penal están estructurados para premiar la impunidad. Indicó que el caso inició con un operativo de febrero de 2021 y se investiga el perjuicio de más de 900 millones de dólares de los fondos de afiliados y pensionistas consecuencia de inversiones riesgosas efectuadas en el seguro policial.

Paúl Ocaña defensor de Enrique Espinosa de Los Monteros dijo que la jueza hizo lo correcto al suspender la audiencia.