Este miércoles 15 de diciembre siguió en la Corte Nacional de Justicia la audiencia preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Hay 13 sospechosos para quienes la fiscal Diana Salazar pidió se dicte el llamado a juicio. Ellos cuentan con la acusación particular presentada por la Procuraduría y Petroecuador.

En el cometimiento del posible ilícito están involucrados los titulares de tres entidades: Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia de la República. Al excontralor Pablo Celi y al exgerente de la estatal Pablo Flores se les señaló como los líderes de la posible estructura delincuencial. 

En la exposición de elementos de descargo de la imputación para 13 sospechosos de integrar una estructura de alto nivel dedicada al cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas siguieron los defensores de los sospechosos. 

El turno este miércoles fue de Wladimir Porjnia, defensor de Silvia López presentó los descargos frente a cada uno de los señalamientos que hizo la fiscal Diana Salazar que pidió al juez Felipe Rivera el llamado a juicio. Antes de la diligencia el abogado indicó que han presentado las denuncias correspondientes por posible perjurio en contra de la empresa NoLimit contratista de Petroecuador. 

Según él, esa firma que fue la que admitió el pago de posibles coimas, se benefició con 20 millones que pagó la estatal en donde "su máxima autoridad (de la empresa NoLimit) es un delincuente sentenciado en Estados Unidos, para ver si es que así por lo menos Fiscalía investiga porque de oficio no lo ha hecho", aseguró.

Dijo que fueron los funcionarios de Petroecuador los que dispusieron el pago. Pidió el sobreseimiento de Silvia López y Angelo Rodríguez. Reiteró que ella es una empleada privada que hasta tiene glosas de Contraloría que ni siquiera pudo lograr que se le hagan los pagos lícitos que le corresponden por los servicios prestados.