Una denuncia en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y la consejera Esthela Acero por el presunto delito de tráfico de influencias, se reactiva en la Fiscalía General del Estado.

Los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, del movimiento CREO, fueron convocados este 25 de junio de 2020 para que reconozcan las firmas de su denuncia, que ingresó a Fiscalía el 4 de febrero pasado.

Inmediatamente, ambos legisladores deberán rendir mañana su versión libre y voluntaria con respecto a los señalamientos que hacen en contra de las dos funcionarias electorales.

El caso se remonta a noviembre de 2019 cuando, en un operativo policial para desarticular una organización que se dedicaba a ofertar cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero, fue detenido el entonces director de Procesos Electorales, Luis Loyo.

En esta misma operación fue capturado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez. Loyo se acogió al procedimiento abreviado y fue sentenciado a un año de prisión, en diciembre pasado, por el delito de asociación ilícita.

Según los denunciantes, a Loyo se le contrató por sugerencia de Acero, pese a que los consejeros de minoría Luis Verdesoto y Enrique Pita alertaron sus antecedentes penales. Sin embargo, nunca se dio paso a la apertura de una investigación interna de su hoja de vida.

Cruz incluyó este tema en su pedido de juicio político en la Asamblea Nacional, proceso de fiscalización que no prosperó y no logró pasar de la Comisión de Fiscalización encabezada por Daniel Mendoza, que ahora también es investigado por las autoridades.

Sobre esta denuncia tendrán que rendir su versión las consejeras Atamaint y Acero el 2 de julio próximo. Loyo rendirá su declaración al día siguiente.

Además, la Fiscalía solicitó la entrega de más de 30 memorandos y resoluciones tomadas por el CNE durante todo 2019. Según Cruz, hay más de 26 contratos que fueron firmados por la presidenta Atamaint por sugerencia de Loyo.