Un anuncio que causa controversia. El presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que hay alrededor de 60 legisladores con procesos judiciales abiertos en su contra. El pleno lo conforman 137 legisladores. En declaraciones a EXPRESO, el titular del Legislativo precisó que “hay 60 causas judiciales que involucran a asambleístas”, sin detallar nombres ni por cuáles delitos son investigados. Insistió en que es respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia, hasta que la justicia se pronuncie.

“Cada caso debe resolverse en su marco, unos en la justicia y otros en la Asamblea cuando el caso amerita. Pero no se puede generalizar”, sostuvo Litardo, pese a que esa cifra tan alta deja en evidencia a los legisladores que tienen causas y a los que, no teniéndolas, comparten bancada sin hacer cuestionamientos.

Sin embargo, estas declaraciones no cayeron bien entre los asambleístas de diferentes tiendas legislativas. Los parlamentarios consultados señalaron que son casos personales, en los que no creen que se esté pensando en ser asambleísta para lograr prebendas, pero sí ven en la generalización el desprestigio de todos.

Para el legislador Héctor Muñoz (SUMA), Litardo está en la obligación de dar a conocer los nombres de los asambleístas involucrados en hechos de corrupción, porque esto deja en mal predicamento a las personas que nada tienen que ver con hechos reñidos con la justicia o con la moral.

“No sé si él (Litardo) se dio cuenta de la responsabilidad de sus declaraciones, pero yo sí creo que asambleístas como yo quisiéramos una explicación y exigir (que se diga) quiénes son los involucrados”, manifestó.

Mientras que para Henry Cucalón, del PSC, lo judicial tiene que continuar de forma independiente porque investiga delitos penales. “En lo interno de la Asamblea, la incapacidad y complicidad del presidente Litardo es manifiesta. Él ha sido el responsable de que las investigaciones internas no avancen y se congelen”, dijo.

En tanto que para el asambleísta Héctor Yépez (CREO), las aseveraciones de Litardo son graves y preocupantes, y empeoran la imagen de la Legislatura. “Yo lo dije hace algunas semanas y me ratifico: no sé si esto es Asamblea o penitenciaría”, sentenció el legislador, al tiempo de considerar que la justicia debe avanzar en señalar a los asambleístas responsables, pero también a las autoridades de Gobierno que estén involucradas.

Eddy Peñafiel, del BIN, dijo que del número que dio Litardo, no todos están siendo procesados por el desempeño actual, sino que vienen arrastrando procesos desde antes de ser asambleístas, por lo que sería bueno especificar quiénes y en qué casos.

Para saber.

Destitución.

En este período legislativo tres asambleístas ya fueron destituidas: Sofía Espín (RC) por incompatibilidad de funciones; Ana Galarza (CREO), por gestión de cargos públicos; y Norma Vallejo (AP), por diezmos, quien fue encontrada culpable por la justicia y sentenciada a un año de cárcel por concusión.

Pendientes.

Al momento, en el caso de los asambleístas Eliseo Azuero (BADI), quien está prófugo acusado de delincuencia organizada en el caso de la construcción del hospital de Pedernales, y Karina Arteaga (AP), acusada por diezmos, se deben conformar las comisiones de investigación para el proceso de destitución.

Definiciones.

Hay dos asambleístas cuya situación en el Legislativo aún es incierta: Yofre Poma (RC), quien fue sentenciado por el delito de paralización de servicios públicos durante el paro de octubre, y Viviana Bonilla (ex-AP), sentenciada en el caso Sobornos. Los dos aún están en funciones como legisladores.