La Sala Penal de la Corte de Justicia de Chimborazo encontró culpables de concusión a Mariano Curicama, exprefecto de la provincia, y Tránsito Lluco, antigua viceprefecta, la tarde de este miércoles 7 de julio del 2021.

Los jueces Enrique Donoso, Polibio Alulema y Jorge Verdugo, sentenciaron a tres años de cárcel por haber obligado a 615 servidores de la Prefectura a entregar un porcentaje de su sueldo para sostener un movimiento político. Sin embargo, los jueces aplicaron el recurso de favorabilidad y dictaminaron que Curicama y Lluco deben cumplir dos meses de cárcel.

Esto se da porque, los magistrados reconocieron que el delito comenzó en el 2011, antes de la aprobación del Código Integral Penal, y decidieron usar el Código Penal derogado en donde se establece que la pena mínima en los casos de concusión es de dos meses de cárcel.

El exprefecto es actualmente asambleísta por el Movimiento Minga-Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y usa un grillete electrónico desde que comenzó el proceso penal, en 2020.

En un examen especial, la Contraloría concluyó que la Prefectura de Chimborazo 

"efectuó, sin sustento legal, descuentos del 5% a las remuneraciones de 615 servidores". Los descuentos sumaron $ 824.209 y fueron a parar a las cuentas de la Asociación de Empleados del Gobierno Autónomo de Chimborazo, el Comisariato del Consejo Provincial y el Sindicato de Obreros Autónomos de Chimborazo.

En la sentencia se señala que Curicama y Lluco deben devolver los montos a todos los trabajadores perjudicados, además deben pedir disculpas públicas en un acto que deberá realizarse en la sede del Gobierno Autónomo de Chimborazo.

César Robles, procurador síndico de la Prefectura, presentó una acusación particular en contra del exprefecto. "Nosotros, como Prefectura, hemos comparecido con el objetivo de reivindicar los derechos justos de los trabajadores. La actual administración, que ingresó en mayo del 2019, decidió eliminar aquella práctica porque considera que ninguna autoridad puede, bajo amenazas, como lo han dicho los trabajadores, descontar los sueldos”.

En las audiencias, la defensa de Curicama señaló que los montos fueron donaciones voluntarias de los funcionarios y que nunca hubo imposición ni amenazas.