El asambleísta Ferdinan Álvarez, de la Unión por la Esperanza (UNES), presentó la tarde del jueves una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se investigue el episodio que involucra a Aparicio Caicedo, consejero de la Presidencia de la República, y a Raúl González, superintendente de Bancos posesionado ese mismo día por la Asamblea Nacional.

“He procedido a presentar una denuncia en la Fiscalía en contra del señor Aparicio Caicedo. Los hechos expuestos podrían hacer presumir un posible delito de tráfico de influencia y otros que se deriven de la investigación”, dijo el legislador de la bancada correísta.

El asambleísta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social justificó la presentación de ese pedido para que el Ministerio Público, “objetivamente, investigue y determine la participación y responsabilidad de cada persona”.

Aparicio Caicedo, quien antes operaba bajo la figura de asesor ad honorem del gobierno de Guillermo Lasso, está envuelto en un escándalo por la presión que ejerció a Raúl González para que este renunciara al proceso de selección de superintendente de Bancos que organizaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pese a que el mismo Ejecutivo lo incluyó en su terna. Esa presión quedó evidenciada en un archivo de audio filtrado, de una llamada entre esas dos personas.

En el audio se escucha a Caicedo, quien le dice a González que “si el presidente de la República no te quiere en la terna, deberías de renunciar a ella”. Después de que se filtró el audio de la llamada y que se difundió en un reportaje de Teleamazonas, el consejero presidencial emitió un comunicado en Twitter, en el que justifica el pedido de renuncia.

En ese documento, Caicedo afirmó que pidió al entonces postulante a superintendente de Bancos que desistiera porque empezó a negociar políticamente con asambleístas y otros sectores políticos. González también se pronunció. Negó alguna promesa de renuncia y que habría operado políticamente con maniobras ilegales.

En un escenario distinto, en juzgados de diferentes jurisdicciones, también se definía el futuro de la posesión del nuevo superintendente. El 28 de julio pasado, una jueza de Samborondón suspendió ese acto, donde se tenía previsto formalizar en el cargo a Raúl González, hasta que resolviera la acción de protección presentada por una ciudadana. Este recurso fue ingresado a la Función Judicial en medio de los cuestionamientos a la designación de González por unas supuestas inhabilitaciones, que él negó.

El 6 de agosto, en cambio, un juez de Yaguachi concedió medidas cautelares, que impedían al CPCCS conocer una nueva terna, y ordenó la posesión del ingeniero en Auditoría como titular de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, dos días después, el judicial dejó insubsistente su decisión porque “se estaría yendo en contra de actos jurisdiccionales ya resueltos por una jueza de Samborondón”.

Pese a todo, González fue posesionado por la Asamblea Nacional el 11 de agosto pasado, de forma virtual, tras un cambio del orden del día.