Una alianza que ahora pesa. El asambleísta por Pachakutik Joel Abad se encuentra de vacaciones fuera del país y volverá la próxima semana. Este detalle sería menor si de él no dependiera la continuidad del plan B que activó el correísmo en la Asamblea Nacional para acelerar el juicio político en contra de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Ayer lo buscaban por todas partes, porque todo apunta a que el legislador por Cañar no está dispuesto a retirar el pedido de juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa es precisamente la maniobra propuesta: quitar los pedidos de fiscalización previos hasta llegar al del CPCCS. El primer paso lo dio el legislador de Unión por la Esperanza (UNES) Ferdinan Álvarez, que anunció que retiraba su requerimiento contra el procurador Íñigo Salvador.

“No se sabe si (Abad) se fue por su voluntad o si alguien le mandó previendo lo que se venía. Lo están buscado para tratar de convencerle, pero nadie lo ha podido contactar”, le dijo a EXPRESO otro asambleísta de Pachakutik.

Ante la supuesta imposibilidad de localizarlo, a la bancada de UNES no le quedó ayer más que lanzar un exhorto público para que Pachakutik también retire el pedido de fiscalización, siguiendo su ejemplo.

La maniobra no solo mueve hilos en la Asamblea, también vuelve a repicar las campanas de muerte cruzada, una carta que solo puede invocar y usar el presidente Guillermo Lasso.

El juicio político contra el CNE fue planteado por Abad junto a Mario Ruiz cuando se declararon rebeldes y se alejaron de la línea de la bancada de Pachakutik para inclinarse por Leonidas Iza.

Ruiz no quiso referirse ayer al tema. Brevemente y con evidente molestia le dijo a este Diario que “de eso ni siquiera se ha conversado”, aunque extraoficialmente se conoció que está dispuesto a hacerlo en concordancia con su cercanía al correísmo.

En cambio, Abad sufrió en los últimos días una ‘reconversión’ y volvió al grupo que apoya a la presidenta Guadalupe Llori, al punto de que “ahora es uno de sus mayores defensores”, reveló uno de sus coidearios de bancada. Los motivos de este cambio son todavía un misterio.

Lo que sí está claro es que sin la voluntad de Abad, UNES no puede dar el siguiente paso, que es retirar el pedido de juicio político a los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) que impulsa el asambleísta Fausto Jarrín.

Con eso, la estrategia de alcanzar al CPCCS entraría en una espiral de incertidumbre similar a la creación de la comisión multipartidista que evalúe a Llori y al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para eventualmente sugerir su remoción.

Atajo

En promedio, procesar un juicio político puede tomar unos 45 días. Teniendo en cuenta que había en cola tres solicitudes previas a la del Consejo de Participación Ciudadana, se calculaba que el trámite de fiscalización empiece recién en agosto. El correísmo dice que no se puede esperar más.

Legalidad

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo ayer que revisó toda la normativa de la Función Legislativa y no encontró un solo argumento que justifique el retiro de la solicitud de un juicio político. Pidió a la Unidad Técnica Legislativa que emita un criterio jurídico.

Posibilidad

Darwin Pereira, integrante del CAL, dijo que si es posible retirar un juicio del sistema judicial, lo es también a nivel legislativo. Impedirlo iría contra la voluntad y la libertad que tienen las personas para continuar o no con un proceso. Además, señaló que ni siquiera ha arrancado.