Concusión o cohecho: la acusación por diezmos

El jueves, la Fiscalía dará a conocer los casos. Los partidos esperan a la justicia.

Quito /
12 sep 2018 / 00:00

Cohecho o concusión. Son dos de los posibles delitos por los que podrían ser investigados los asambleístas acusados de cobrar ‘diezmos’ a sus asesores. Lo confirmó el fiscal Paúl Pérez Reina.

El funcionario estuvo ayer en la Comisión para Atender los Casos de Personas Desaparecidas. A su salida de esa mesa, confirmó que ya se han iniciado varias investigaciones, aunque no precisó cuántas.

Hasta ahora han sido identificados, al menos, ocho casos de asambleístas y exasambleístas involucrados en esta práctica. De ellos, cinco ya estarían en la Fiscalía: los casos de Tito Puanchir, de Pachakutik; Brenda Flor, de Alianza PAIS; Fernando Flores, de CREO; y de los exlegisladores de Alianza PAIS Leandro Cadena y Ángel Vilema.

Pérez confirmó que este último caso está en etapa de instrucción fiscal. Como contó ayer EXPRESO, el exlegislador fue acusado por dos asesores de cobrarles una parte de sus sueldos: 400 y 1.000 dólares mensuales durante seis años. Según el fiscal, por tratarse de un delito común, si se confirma alguna irregularidad de los legisladores, se requerirá la autorización de la Asamblea para iniciar el procesamiento penal. Además, se deberá determinar si el delito se cometió en funciones.

El legislador Fabricio Villamar, de CREO, insiste en que la Asamblea autorice a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) para que se auditen las cuentas bancarias de todos los legisladores. Él intentará poner el tema en debate el próximo martes, durante la sesión del pleno. Sin embargo, el fiscal precisó que para iniciar las investigaciones no necesita el informe de la Contraloría.

Hasta ahora, los ‘acusados’ han optado por variadas explicaciones. Norma Vallejo, también de PAIS, rechazó la acusación en su contra y dijo que está dispuesta a que se le investigue “todo lo que quiera”. Flores dijo a este Diario que hay “una cacería de brujas”. Raúl Auquilla, del PSC, reconoció haber pedido dinero a su asesora, pero dijo que se trató de un préstamo para cubrir gastos de campaña.

Los partidos y movimientos a los que pertenecen estos legisladores también prefieren mirar desde lejos. No hay, desde ninguna bancada, una respuesta política a una práctica que, según ellos mismos reconocen, lleva años en la Asamblea. El coordinador del PSC, Henry Cucalón, por ejemplo, dijo a EXPRESO que su partido no encubrirá a nadie, que no habrá espíritu de cuerpo y que, en su momento, “si se determina que un asambleísta, sea cual sea, infringió la ley, se lo sancionará”. Jaime Olivo, de Pachakutik, dijo que las acusaciones deben comprobarse y, sobre esa base, se tomará una decisión. Hoy el consejo del movimiento se reúne para analizar el caso de Puanchir.

En Asamblea se dilata el tema

Para este jueves se esperaba que el tema del cobro de los diezmos a los asesores se exponga en el pleno de la Asamblea. Sin embargo, esto no ocurrirá.

La presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, convocó a la continuación de dos sesiones y, por tanto, no se puede incluir el debate de este tema como era la intención del asambleísta de CREO Fabricio Villamar.

“Esperaremos hasta el martes de la próxima semana, y realmente espero que no sea necesario que yo ponga el tema en discusión, sino que sea la propia Asamblea, por su iniciativa, la que inicie el tratamiento del tema”, dijo el legislador a EXPRESO.

Insistió en que si hasta ese día el tema no se ha debatido, nada le impide presentar las denuncias, documentadas, en Contraloría y en la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE).

A pesar de que es CREO el que abrió el debate sobre esta problemática interna de la Legislatura, va a tomar una decisión contra el asambleísta de su partido que está siendo acusado.

Sostuvo que se deberá esperar a que la justicia tome una decisión, y en ese marco se pronunciarán, de ser el caso.

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