Ayer la Asamblea tuvo que elegir: o tomaba una decisión demagógica para quedar bien con el gremio de los maestros o, para empezar bien este período de sesiones, hacía lo correcto. Y lo correcto, en esta ocasión, era lo más fácil: nada. Isabel Vargas Torres, presidenta de la UNE, había sido recibida en comisión general en esta, la primera sesión presencial de la legislatura, y estaba ahí para verificarlo. Al cabo de tres horas de retórica inflamada la presidenta Guadalupe Llori mandó a tomar votación y el resultado fue, por aplastante mayoría, el que ya todo el mundo se imagina: por la decisión demagógica, 124 votos; por lo correcto, cero; abstenciones, cinco.

El caso tiene que ver con la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, una de las últimas que aprobó la Asamblea anterior y que goza de un amplio consenso entre todos los grupos políticos. Una demanda de inconstitucionalidad la mantiene en suspenso hasta que la Corte Constitucional dé su veredicto, que parece fácil de adelantar: ocurre que la nueva ley incrementa el gasto público sin crear las fuentes de financiamiento respectivas, como manda la Constitución para estos casos. Son dos mil millones de dólares adicionales por concepto de aumento de sueldos para profesores que, según la nueva ley, saldrán de la nada. La Corte Constitucional aún no se pronuncia, pero ayer el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que le dijo de forma inequívoca lo que debe hacer. La resolución, propuesta por la asambleísta de Pachakutik Dina Farinango, es clara: la ley no se toca. Lo correcto era, en este caso, esperar la sentencia y hacer las reformas correspondientes. Pero no. Será porque los maestros están mirando.

Dos cosas sorprendentes hubo en el debate. La primera es el gran número de asambleístas de distintas tendencias que saltaron en defensa de la ley sin plantearse siquiera el problema de su constitucionalidad. Farinango la primera; “Esta ley es muy necesaria de defender -dijo- porque todos los maestros a nivel nacional hemos tenido varias dificultades que por años han venido luchando y que no han tenido tal vez escalafones justos. Sobre todos aquellos derechos vulnerados necesitamos que se haga justicia social”. Stop.

Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación, llegó al extremo de plantear el asunto como una auténtica batalla jurídica entre la Asamblea y la Corte Constitucional: exigió que la asesoría jurídica legislativa “prepare la correspondiente defensa técnica e institucional de la Asamblea para este caso”. La socialcristiana Dallyana Passailaigue, una de las autoras de la ley en disputa, intentó corregir el texto de la resolución y convertirlo en uno de apoyo a la comunidad educativa, afectada por la suspensión de una ley que la beneficia. Pero no había nada que hacer. La mayoría de asambleístas querían declarar la guerra a la Corte. Isabel Enríquez, de Pachakutik, pidió incluso cambiar el texto de la resolución para hacerlo más combativo: donde dice “apoyar la ley”, dijo, debe decir “defenderla”.

La segunda cosa sorprendente del debate tiene que ver con los correístas, salvo que de ellos ya no sorprende nada. Advirtieron la inconveniencia de entrometerse en cuestiones jurisdiccionales de exclusiva competencia de la Corte Constitucional. Paola Cabezas trató a los proponentes como un atado de mamertos por esta causa (lo que hay que ver), dijo “estaremos vi-gi-lan-tes”, para no perder la costumbre, pero terminó votando, con todos los suyos, a favor de la resolución de Farinango. Por un momento parecía que los correístas votarían en contra. ¡Qué va!

Coherente con el debate y con su palabra fue Diego Ordóñez, de CREO. Él explicó por qué había una controversia con la constitucionalidad de la ley y por qué la Asamblea no debía ejercer presión sobre la Corte. Fue uno de los cinco asambleístas que se abstuvieron en la votación final: cuatro de CREO y uno de Avanza. Los demás, masivamente, prefirieron quedar bien con los maestros y mal con la Constitución.

Pagar la cuenta del celular, ¡ni hablar!

Los legisladores correístas y los de la Izquierda Democrática quieren que los contribuyentes sigan pagando sus cuentas de teléfono. El independiente Elías Jachero propuso debatir un proyecto para ahorrarle a la Asamblea ese rubro, que bordea el millón de dólares anuales, según él. “Sí tenemos la posibilidad de pagar eso”, dijo. Pero UNES y la ID no quisieron ni discutirlo y bloquearon la posibilidad del debate.