La asambleísta por Pachakutik, Mireya Pazmiño, hizo oficial este 8 de febrero de 2022 el pedido de juicio político en contra de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La asambleísta que forma parte de “grupo parlamentario rebelde” de Pachakutik, apareció rodeada y respaldada por legisladores de Unión por la Esperanza (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

Según la denunciante, cuenta con todas las pruebas de cargo para pedir el inicio del proceso de fiscalización para Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María del Carmen Rivadeneira y Francisco Bravo, que forman una nueva mayoría en el CPCCS.

Quedan fuera del pedido la presidenta Sofía Almeida, el vicepresidente David Rosero y Juan Xavier Dávalos que hasta hace poco tenían el control del organismo, porque contaban con el voto de Estupiñán.

“Tenemos las pruebas de los cuatro. Ellos pidieron el cambio del orden del día para modificar el reglamento que ya fue aprobado en agosto de 2021 (para el concurso de contralor) ya está este reglamento y está en camino todo el proceso de selección”, señaló.

También, dijo contar con audios y conversaciones de una consejera del CPCCS reunida con los candidatos a las diferentes entidades de control.

Los procesos de designación de autoridades llevan retraso, algunos de meses o años, como sucede con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de defensor Público, respectivamente. En marzo debería estar designado el nuevo contralor.

¿Por qué no solicita el juicio político para los restantes tres consejeros? “Yo tengo las pruebas de ellos, de los cuatro, si ustedes tienen pruebas para el resto de consejeros, por favor, presenten que nosotros estamos listos para recibir y no ocultar o tapar a nadie”, señaló Pazmiño.

La solicitud de juicio político fue presentada con casi 80 firmas de apoyo de asambleístas correístas, socialcristianos, Izquierda Democrática y algunos independientes. No hay firmas de respaldo de los asambleístas de CREO.