El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 17 de noviembre de 2022 el informe no vinculante sobre la desaparición y asesinato de María Belén Bernal. El documento elaborado por la mesa legislativa señala la responsabilidad política del Ejecutivo en el caso.

La presentación de las recomendaciones y conclusiones del informe fueron presentadas por la presidenta de la comisión ocasional que investigó el caso, Ana Herrera. Además, su moción para acoger el documento contó con 96 votos afirmativos. Otra de las integrantes de la mesa legislativa, Yeseña Guamaní, señaló que “es importante crear una memoria colectiva y luchar contra el olvido de nuestra sociedad”.

El informe no vinculante cuenta con 11 conclusiones y más de una docena de recomendaciones a diferentes carteras de Estado para que fortalezcan su lucha en contra de la violencia contra la mujer. Asimismo, señala que el asesinato de María Belén Bernal “representa una grave violación” a diversos convenios y tratados sobre Derechos Humanos suscritos por el Ecuador” y que existe la responsabilidad del Estado.

El documento señala al presidente de la República, Guillermo Lasso, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, como responsables del caso y el Pleno también acogió que la Comisión de Transparencia siga el cumplimiento del informe.