La pared de una de las casas habitadas de Andalucía amaneció pintarrajeada esta semana, narrando a trazos grandes el descontento que cada cierto tiempo se hace evidente en la única etapa que la empresa española Promaga alcanzó a medio construir a la altura del kilómetro 7 de la vía Durán-Boliche.

La queja que vuelve a inquietar a los habitantes del conjunto residencial es por los servicios. “Todo lo hacemos por medio de la autogestión. Porque como la ciudadela no ha sido entregada al Municipio, cualquier daño corre por nuestra cuenta”, sostuvo uno de los habitantes del lugar, quien prefiere mantenerse en la reserva. “Es por evitarme problemas”.

EXPRESO recorrió hace poco la urbanización, una de las fases del proyecto denominado La Nueva Gran Ciudad, que comprendía un programa con algo más de 6.000 viviendas. Aunque hay unas 112 familias habitándola, existen otras 130 casas desocupadas. El abandono se observa en paredes resquebrajadas o despintadas. Edificaciones que nunca se terminaron de construir.

Como Promaga está en proceso de liquidación, EXPRESO ha pedido hablar con la actual liquidadora, Jazmín Ávila, quien se comprometió a una entrevista la próxima semana.

Sobre este proyecto, que comenzó a ofertarse en 2008 a migrantes ecuatorianos que residían en 14 países de Norteamérica y Europa, además de otros tantos residentes en el país, existe una denuncia colectiva que recoge 746 quejas en contra de Promaga.

“Mientras no se concrete la entrega-recepción del programa, el Municipio no puede hacerse cargo de los servicios”, aseguró Ricardo Coronel Medina, director de Planeamiento Urbano del Cabildo de Durán.

El funcionario aclara que desde 2014 la promotora no ha generado ningún trámite que determine que han continuado con la ejecución. “Hasta ese año, el conjunto residencial tenía el mismo avance de obras de cuando aprobamos la autorización de venta. Es decir, el 50 %”, en 2012.

El siguiente trámite -y último- que cumplió la inmobiliaria fue la solicitud de recepción parcial de la etapa, lo cual no fue aceptado por el Cabildo duraneño. “Solicitaron un permiso individual. El Municipio recibe las obras de infraestructuras de urbanización, no de casas individuales”.

Coronel aclara que de manera oficial no se conoce el número de familias que habitan en la urbanización, que sabe que hay familias con escrituras, pero también que muchas casas fueron invadidas por personas que pagaron por las casas y no se las habían entregado.

“En esta administración no tenemos denuncias de quejas de sus habitantes. Solo lo que en su momento presentó la Defensoría del Pueblo, por lo de la venta de casas”.

El malestar de estos días, según ha llegado a conocer EXPRESO, se origina en los pagos por la distribución del agua potable y se relaciona con uno de los guardias que Promaga tiene contratado para cuidar las casas que no han sido entregadas y es quien se encarga del almacenaje de agua y el acceso de los tanqueros, así como tramitar los arreglos en lo relacionado con los servicios comunitarios. “Estamos obligados a pagarle a él, porque de lo contrario no nos deja traer tanqueros o no nos quiere levantar la pluma en el ingreso, como sanción si no recurrimos a él”, denunció un vecino. “Yo pago 40 dólares por el agua y solo soy una persona”, se queja uno de los habitantes en un video que circula en estos días en uno de los chats con los que se comunican las familias que residen en la urbanización.

Algunos vecinos con los que EXPRESO conversó, el pago mensual por consumo que se cancela al guardia, va de 30 a 50 dólares. “Todo esto es por culpa de Promaga, que no entregó nunca la ciudadela al Municipio. Ellos nos prometieron agua con una planta de osmosis inversa, ni siquiera con eso han cumplido. Estamos obligados a tomar agua de tanqueros”.

• Proceso de liquidación. La compañía Promaga Ecuador fue declarada inactiva el 5 de julio de 2017 por la Superintendencia de Compañías.
• Liquidadoras. En menos de un año, tres personas ocuparon ese cargo. La última, Jazmín Ávila, espera la próxima semana asumir funciones. Eulalia Espín renunció por problemas familiares. Mientras que Cristina Reyna Macías renunció por considerar que no había condiciones adecuadas.
• Queja de mucho años. Desde 2014 se iniciaron las denuncias en la urbanizacipón Andalucía. En septiembre de 2016 la Defensoría del Pueblo presentó el caso a la Fiscalía.