Con contratos vencidos o extendidos por más de tres años, la compañía Lafattoria se ha mantenido como un proveedor clave del Estado en servicios de alimentación para centros penitenciarios y el programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación.

Esta firma ha cobrado una suma cercana a los 490 millones de dólares en los últimos seis años, a pesar de que en diciembre del 2018 vencieron tanto su último contrato con el antiguo Ministerio de Justicia como los Convenios Marco firmados en 2016 para la alimentación escolar. Desde entonces, provee de la alimentación en las cárceles bajo la figura excepcional de convenios de pago y de la alimentación escolar gracias a las eternas extensiones de los convenios, que incluso ya superaron el tiempo inicial (24 meses).

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías), Lafattoria fue constituida en marzo del 2008; siendo su razón social la administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales, etc. La gerente es Aracely Pincay Menoscal y sus accionistas Richard Villagrán Freire (anterior gerente) y la firma Asesoría Empresarial Riasem.

Grupo Riasem es un holding de 16 empresas, detalla la página web de Chef Express Catering Group (cara comercial del Grupo, dirigido por Villagrán). Según la Supercías, Riasem es accionista de cinco empresas, entre ellas Lafattoria.

Entre 2015 y 2020, Lafattoria escaló en el ranking de empresas de la Superintendencia de Compañías del puesto 1.105 al 660, pasando de percibir 29,6 millones anuales a 72 millones de dólares en 2020. Ese año registró una utilidad neta de 3,9 millones y declaró 2,1 millones en impuesto a la renta causado. En 2019, previo a la pandemia, sus ingresos totales fueron por 120 millones de dólares.

Por los contratos de alimentación a las personas privadas de libertad y adolescentes infractores, entre 2016 y 2018 la firma se adjudicó con 63 millones de dólares, siendo el único proveedor participante en los procesos de licitación. Tras cinco convocatorias desiertas, se mantiene como único proveedor.

Según las cifras de transparencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la compañía ha recibido por convenios de pago al menos 93 millones. Sin embargo, no están registrados la totalidad de los pagos, por lo que se estima que la cifra real es cercana a los 103 millones de dólares.

Por ofrecer la alimentación escolar en ocho provincias del país, incluidas Guayas y Pichincha, ha percibido 324 millones de dólares entre 2017 y 2021, indicó el Ministerio de Educación. Esto representa el 50 % de la totalidad del monto que ha pagado la cartera de Educación a los tres contratistas favorecidos bajo los Convenios Marco del 2016: Lafattoria, Consorcio Ordeño-Fortesan y Leche Gloria.

Revista Vistazo ya advertía en noviembre pasado sobre el monopolio de Lafattoria como proveedor de alimentos en las cárceles y el oligopolio que se mantiene con la comida escolar. Se solicitó una entrevista a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pero fue rechazada.

La emergencia sanitaria es una de las justificaciones de anteriores y actuales autoridades del Ministerio de Educación a las ocho prórrogas que han tenido los convenios de la alimentación escolar, a pesar de que las primeras cuatro se aprobaron previamente. Se intentó localizar al exministro Milton Luna (diciembre 2018 –junio 2019) para conocer su posición, pero no hubo respuesta.

Otra de las razones dadas fue el proceso de entrada en vigencia de la Ley de Alimentación Escolar, publicada en abril del 2020.    La exministra Monserrat Creamer (junio 2019 - mayo 2021) recordó que posterior a su aprobación vino la elaboración del reglamento, por lo cual era “imposible convocar a una nueva licitación”. El reglamento entró en vigencia el 21 de mayo del 2021, más de un año después de publicada la ley y tres días antes de que Creamer dejara el cargo por el cambio de Gobierno.

El actual viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, explicó que la nueva ley y su reglamento implica un cambio en el tipo de alimentación. Aseguró que se viene trabajando con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y las instituciones estatales que forman parte del Sistema Nacional Integral para la elaboración de las fichas de alimentación. Actualmente los estudiantes reciben una bebida láctea y una galleta, de lunes a jueves, y una bebida láctea con cereal, los viernes.

Nueve meses han transcurrido desde que se aprobó el reglamento: “Es muy complicado, hay que negociar”, aseguró el viceministro, quien añadió que se está trabajando para que la producción industrializada no sea una exigencia en los pliegos, de tal manera de dar oportunidad de participar a los pequeños productores. “Esperamos que el borrador de los pliegos esté listo en marzo. El nuevo concurso lo estaríamos lanzando en abril y prevemos que hasta septiembre ya estén firmados e implementados”, dijo Chiriboga.