Alexis Mera vuelve a Guayaquil luego de 35 días detenido

La noche del sábado, el exsecretario Jurídico de la Presidencia fue retirado de la cárcel 4, en Quito, y trasladado al Puerto Principal. Deberá usar un dispositivo electrónico (tobillera) para monitorear su ubicación.

Quito /
07 jul 2019 / 11:30

El exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, amaneció este 7 de julio de 2019 en Guayaquil, luego de permanecer 35 días detenido en la cárcel N° 4, ubicada en el norte de Quito.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó que Mera fue sacado de esta prisión la noche del 6 de julio.

Según el procedimiento, fue entregado a la Policía Nacional que lo trasladó al Puerto Principal, en donde deberá cumplir arresto domiciliario mientras dure la investigación en su contra por un presunto delito de concusión.

La decisión se tomó luego que la defensa de Mera, que es investigado en el caso Arroz Verde por supuesto financiamiento ilegal a la campaña electoral de 2013 de Alianza PAIS, apelara la prisión preventiva.

El 3 de julio los jueces Édgar Flores y Luis Enríquez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), resolvieron que la medida dictada contra Mera, uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Rafael Correa, era exagerada. El conjuez David Jacho votó contra esta resolución.

Sin embargo, no podrá salir del país y deberá usar un dispositivo electrónico adosado al tobillo para monitorear su ubicación. La vigilancia policial a su domicilio será permanente.

La liberación se produjo una vez que la secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Ivonne Guamaní, emitiera el alcance con la resolución de los jueces a la SNAI.

Ayer, el Consejo de la Judicatura dio luz verde para que se investigue la actitud de los jueces Flores y Enríquez durante la audiencia de sustitución de medidas de Mera.

El reclamo fue presentado el 4 de julio por la fiscal Diana Salazar, el contralor Pablo Celi y Marco Proaño, delegado de la Procuraduría del Estado.

Los tres autoridades consideran que se faltó el respeto a la fiscal al impedirle, en varias ocasiones, que presente los argumentos por los que consideraba que se debía mantener la prisión preventiva.

“Hemos solicitado que se inicie de manera inmediata un sumario que, una vez concluido, debería dar paso a la destitución de los dos jueces mencionados. Mientras se desarrolla este sumario hemos requerido al Consejo de la Judicatura suspenda a los mencionados jueces”, dijo Celi el día que se presentó el reclamo.

Sobre este último pedido, la Judicatura informó que está en análisis de la presidenta de esta entidad, María del Carmen Maldonado, suspender o no a los jueces.

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