En el radar de la lucha anticorrupción del Gobierno, ahora está la hacienda La Clementina, incautada por una deuda tributaria al Grupo Noboa y cuyos 1.900 empleados accedieron a comprarla a través de un millonario crédito con la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez, este martes 10 de diciembre, en Guayaquil, informó que hace 60 días recibió una denuncia que revelaría supuestos actos irregulares de la administradora de la hacienda a cargo de la empresa Koval Management, de capital ruso, y de su representante, Miguel Macías. “Estarían incurriendo eventualmente en una concurrencia de delito, peculado bancario, testaferrismo, defraudación bursátil, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado”, dijo la funcionaria, quien adelantó que ayer ingresaría a la Fiscalía el expediente y la denuncia para su investigación. 

El abogado de Koval, Julio César Cueva, al ser consultado por EXPRESO, empieza desvirtuando la competencia de la secretaria Anticorrupción para tratar “asuntos privados” y pone en duda sus intenciones. “Nada de lo que ha dicho involucra a funcionarios públicos, por lo tanto está muy por fuera de su potestad, lo cual me hace sospechar que no responde a los intereses del país en cuanto a denunciar actos de corrupción sino a intereses particulares”, comentó.

El jurista negó el cometimiento de los presuntos delitos y de la conformación de un tercer fideicomiso para que, según Ordóñez, los flujos de recursos adicionales (luego del pago de la cuota del crédito) vayan a otra empresa “sin dar cuentas, ni reportes”. “Eso no existe. De hecho, el fideicomiso que existe es el que garantiza que los primeros recursos siempre van a ser para pagar el crédito”. 

Además, Cueva precisó que la administradora cumple con los pagos del crédito tal como fue acordado en el fideicomiso, situación que la secretaria Anticorrupción puso en duda y dijo que pedirá que también sea investigado. “No le dijo al país que de ese préstamo, La Clementina ha pagado 5 millones de dólares en capital y 22 millones en intereses al Estado. Solo en intereses se ha cobrado la tercera parte del capital. Dónde está el supuesto perjuicio”.

Carlos Medina, abogado de un grupo de extrabajadores de la hacienda, cuestionó la falta de rapidez en las investigaciones cuyas denuncias, según dijo, ya presentó. “Nuestras denuncias están puestas en la Fiscalía desde septiembre, una por peculado y otra por delincuencia organizada, y no avanzan”.

La secretaria Ordóñez también solicitará la investigación de las condiciones en la cual fue otorgado el crédito y por qué “se concedió con preferencias no comunes”. Además, cuándo se hicieron las reconsideraciones del pago de la deuda. Según la funcionaria, se cambiaron en dos ocasiones las condiciones del fideicomiso para darle “poder absoluto a Koval y administrar todo”. Una afirmación que también desmiente el abogado de la empresa.