Es un conflicto legal que retrasa el aseguramiento de los bienes de Petroecuador. Hoy, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) confrontará al juez que evitó que la entidad cumpla con su labor de supervisar el concurso de la petrolera estatal para adquirir un seguro multirriesgo por más de 54,8 millones de dólares. La acción legal colocada por Silvana Vallejo, directora general del servicio, en contra de la decisión del juez Hans Jiménez Plaza debe resolverse para que se concrete la firma con el nuevo asegurador de la petrolera.

Según Petroecuador, la firma final con Hispana de Seguros (que ganó el concurso) se cumplirá solo cuando se terminen y resuelvan las resoluciones que rodean al proceso. Hispana, de su parte, aseguró que respetará esa decisión de esperar.

El 4 de noviembre, el juez del cantón Pedro Carbo concedió medidas cautelares para que el Sercop no intervenga en el concurso de Petroecuador. Una semana antes, el 28 de octubre, el Servicio de Contratación ordenó que el concurso se pause por una serie de irregularidades detectadas en la fase precontractual.

Es decir, en dos días hábiles (por el Feriado de Difuntos) el juez Jiménez resolvió impedir que la entidad pública controle el uso de recursos de todos los ecuatorianos.

Ese es uno de los puntos que cuestiona Vallejo. En la documentación de la demanda, a la que tuvo acceso EXPRESO, se especifica que el tiempo era muy corto como para que el juez valore si las observaciones del Servicio eran válidas o no.

La misma velocidad no se aplicó luego. El pedido de revocatoria de las medidas cautelares se realizó el 9 de noviembre, pero apenas se dio audiencia para hoy, 16 días después. A estas alturas, el contrato ya fue adjudicado.

El Sercop afirmó, en la carta que dispuso el freno al concurso del seguro, que no se contó con estudios de mercado ni con una valoración real de multas.

Otro punto que se cuestiona es el lugar donde se emitió la orden de medidas cautelares. El Sercop y Petroecuador tienen sede central en Quito. Vallejo se pregunta por qué fue un juez del cantón Pedro Carbo, en Guayas, el que permitió que el proceso siga pese a las observaciones técnicas.

El último punto que se cuestiona desde el Sercop, y quizás el más relevante, es que no existe una violación de derechos. Jiménez concedió las medidas cautelares con el argumento de que la pausa del concurso suponía una amenaza de violación de derechos constitucionales.