Sin escoltas y en un vehículo sencillo se transporta el presidente de la Corte Constitucional. Hernán Salgado lo prefiere ante el Nissan Murano que utilizó su antecesor, que sigue en el taller por una reparación por 28.000 dólares que la Corte no tiene cómo pagar. Él prefiere la austeridad y dedicar sus esfuerzos a despachar las miles de causas represadas.

- La Corte Constitucional tiene 74 días en funciones. ¿Cómo les va con las causas rezagadas?

- Estamos trabajando con mucho entusiasmo y optimismo. Hemos ido resolviendo y tenemos un alto número de causas despachadas. Vamos a autoevaluarnos con motivo de los tres meses que se cumplirán el 5 de mayo, y mostraremos las cifras a la opinión pública para que vean lo que hemos avanzado. Un alto número son acciones extraordinarias de protección, que fue un recurso del que se abusó.

- Se habló de 14.000 causas represadas. ¿Cuántas hay?

- Más o menos hemos establecido que recibimos entre 12.000 y 13.000 causas represadas porque hay otras que llegaron durante esos cuarenta y tantos días de vacancia, cuando no hubo Corte, y después llegaron más y eso todavía no lo hemos contabilizado.

- ¿Qué tanto se abusó de las acciones extraordinarias de protección?

- Se pensó que había que acudir a una cuarta instancia y que la acción extraordinaria de protección era esa cuarta instancia y no es así. Se trata de una acción muy especial que solo se aplica cuando ha habido violación de derechos o del debido proceso. La mayoría de los abogados se acostumbró a simplemente poner generalidades en las demandas sin precisar qué derecho se ha violado y sin anexar pruebas.

- ¿Están rechazándolas?

- Estamos inadmitiéndolas.

- ¿Cuántas han inadmitido?

- Hasta este momento hemos despachado más de 1.500 causas. A grosso modo, el 70 % de lo revisado se ha inadmitido. Y buena parte de lo que hemos despachado son acciones extraordinarias de protección. Hemos dado también prioridad a los tratados internacionales que nos han enviado desde la Presidencia de la República para ver si son constitucionales.

- ¿Las acciones extraordinarias de protección están consumiendo el tiempo de los jueces constitucionales?

- Hora a hora, día tras día, sin descanso, todo el tiempo. Queremos decirle a los abogados que se rijan por la Ley Orgánica de Control Constitucional, que indica claramente cómo debe ser la presentación de una acción extraordinaria de protección.

- ¿La falta de independencia de la Corte, largamente cuestionada, conllevó al represamiento de tantas causas?

- En la última década, indudablemente, la Corte Constitucional no supo mantener su independencia y entonces se inclinaba al Ejecutivo, al presidente Rafael Correa y, políticamente, ya se sabía de antemano cómo iban a fallar los jueces: si era a favor del Gobierno, sí, si era en contra, no. Asimismo, hubo mucha retaliación, mucha parcialidad con quienes presentaban las acciones.

- ¿Van a revisar los fallos de los anteriores jueces?

- Eso no lo hemos tocado porque es un muy delicado. Lo que podemos hacer es señalar donde están los errores en esos fallos y determinar cómo se debe hacer en el futuro.

- Un fallo de la Corte anterior, que es cuestionado, es sobre las consultas populares.

- En estos días saldrá publicada en el Registro Oficial nuestra decisión sobre cómo actuar sobre consultas populares. Lo que estamos señalando es que la interpretación de la Corte anterior no va con lo que dice la Constitución y, por tanto, restringe el derecho de los ciudadanos a pedir una participación política. Si se pide que se presenten firmas antes del fallo se está causando un trastorno enorme. Es tramposo. ¿Para qué pedir firmas? Primero tiene que haber el pronunciamiento de la Corte sobre si el pedido es o no constitucional.

- ¿Hay fallos contradictorios de la anterior Corte?

- Por supuesto. Unos dicen una cosa y otros dicen otra.

- ¿Qué precedente sientan?

- No se puede sentar precedente de esa manera. Los nuevos magistrados, que somos nosotros, tenemos que dilucidar cuál razonamiento es el que está apegado a la norma constitucional para imponerlo y solucionar así esa antinomia, que es la contradicción de una sentencia con otra.

- ¿Qué se está haciendo para que el despacho de las causas rezagadas no represe a las causas nuevas?

- Estamos despachando en orden cronológico, que es lo más justo e igualitario. Primero los casos más antiguos. Esto no se aplica a todos los casos porque en algunos la Constitución establece tiempos y hay que respetarlos.

- ¿Qué más tiene prioridad?

- Me he reunido con muchísimos grupos de jubilados, que han venido a pedir y a reclamar hasta cuándo despachan sus casos. Les he dicho que voy a darles prioridad porque la edad no tiene espera y no hay derecho mayor que la calidad de vida.

- Pueden morir antes de que haya una sentencia, como de hecho ha ocurrido.

- Está sucediendo. Yo conozco de algunos casos.

- ¿De qué año datan los casos rezagados más viejos?

- Había casos del 2007, que tuvimos que despacharlos con la anterior Constitución. Ahora ya no hay, felizmente.

- ¿Cuándo acabarán con las causas rezagadas?

- Lamentablemente falta mucho. Lo importante es que seguimos. De aquí a un año vamos a hacer otra evaluación para ver cuánto hemos avanzado en disminuir las causas represadas.

- ¿En qué fecha de mayo tendrán el primer balance de cuánto han disminuido las causas?

- Esperemos que hasta el 15 de mayo ya lo tengamos.

- ¿Tienen el personal suficiente para hacer tanto trabajo?

- Se necesitan profesionales para determinadas áreas, abogados con cierta experiencia y personal administrativo, pero no tenemos el presupuesto necesario para contratar. La corte anterior se dio el lujo de pagar mensualmente 13.000 dólares más IVA por el alquiler de un local del Colegio de Abogados del Guayas. ¡Una barbaridad!

¿Se liquidó ese contrato? ¿Hay más locales alquilados?

- Sí. El desenlace fue terminar con el arriendo. Logramos que Inmobiliar nos entregue un bien en el centro de Guayaquil, que no nos cuesta nada. En Quito estamos tratando de ahorrar 12.000 dólares del alquiler de un edificio.

- ¿Qué hará la Corte si el nuevo Consejo de Participación y Ciudadana y Control Social, que se posesiona en mayo, quiere cambiar a los jueces?

- En ese momento nosotros nos guiarenos por lo que dice la Constitución, en primer lugar, y después por el resto de normas legales, para hacer ver a todos que el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio tenía facultades especiales para cesar a los jueces constitucionales y que los nuevos jueces fuimos elegidos mediante un concurso público que duró algunos meses. El nuevo Consejo de Participación solo puede hacer lo que la Constitución permite; nada más. Ellos no pueden volver a elegir a una corte elegida y en funciones. Si se diera alguna vacante, por alguna situación, allí sí pueden designar.

- ¿Hay preocupación por lo que pueda hacer el nuevo Consejo de Participación?

- Siempre causa incertidumbre oír lo que muchos candidatos expresaron en la campaña. Dijeron que iban a terminar con las designaciones que hizo el Consejo Transitorio del doctor Julio César Trujillo. Yo espero que no se dé esta situación. El nuevo Consejo tiene que someterse a la constitucionalidad y al ordenamiento jurídico. Hacer lo contrario sería causar zozobra y una desinstitucionalización del país.

- ¿Qué está haciendo la Corte para mostrar que es una distinta a la del correísmo?

- Todos conocemos muy bien la Constitución y las normas de procedimiento constitucional. Somos gente honesta y eso nos da confianza y nos lleva al otro punto, que somos una Corte independiente, con jueces imparciales. No dependemos de ningún órgano del Estado como la anterior Corte que dependió, sumisa, del Ejecutivo de la época.

FRASES

Todos debemos aprender a trabajar con austeridad y con honestidad, con moral, con ética, por el país.

La Corte anterior se dio el lujo de pagar 13.000 dólares más IVA por el alquiler de un local (en Guayaquil).